La senadora Patricia Mercado presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para excluir el robo a casa habitación y a transporte de carga del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a fin de privilegiar en esos casos medidas cautelares como el arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.
La legisladora de Movimiento Ciudadano sostuvo que la prisión de oficio ha provocado la criminalización de la pobreza, pues, según el Inegi, ocho de cada diez personas en reclusión laboraban en empleos de bajos ingresos y carecen de dinero para pagar un abogado.
“Sabemos que el delito se tiene que sancionar, no estamos diciendo que no se sancione (…); lo que proponemos es que, en lugar de prisión preventiva oficiosa, el juez recurra a alguna de las catorce medidas cautelares previstas por la ley: presentación periódica, retiro de pasaporte, resguardo domiciliario o localización electrónico, entre otras”, dijo.
Detalló en ese contexto que el costo de una persona en reclusión es de casi 60 mil pesos, mientras el de un brazalete es de menos de diez mil.
Mercado remarcó que los cuatro objetivos esenciales de la propuesta son los de no criminalizar la pobreza, despresurizar las cárceles, privilegiar medidas cautelares distintas a la prisión y que sean los jueces quienes determinen excepcionalmente la prisión preventiva justificada.
En su turno, la presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), Paola Zavala, quien trabajó conjuntamente con la senadora dicha iniciativa, sostuvo que, al tener en prisión a personas acusadas de robo, se les priva de la posibilidad de trabajar y tener acceso a los procesos de justicia restaurativa, con la consecuencia del empobrecimiento de su familia y la estigmatización.
“Puede sonar muy fuerte decir que no queremos prisión preventiva para las personas que cometen robo en este país y queremos dejar claro por qué: porque no reparan el daño y porque no se previene el delito, pero sobre todo porque hay otras medidas cautelares en la ley que se pueden seguir”, subrayó.
Dijo que la prisión preventiva oficiosa en los casos de robo genera sobrepoblación las cárceles, criminaliza la pobreza, no previene la reincidencia, no prioriza la reparación del daño, por lo que su apuesta es despresurizar las cárceles y que las personas tengan acceso a otro tipo de procesos para evitar la reincidencia.
JLMR