Senadores integrantes del Grupo Plural, la priista Claudia Anaya Mota, las emecistas Indira Kempis Martínez y Patricia Mercado, así como el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentaron un paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad y de la Guardia Nacional.
Además, con las reforman buscan el regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, el 26 de marzo del 2024.
La propuesta de reformas constitucionales cuenta con el apoyo y asesoría del Colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 100 investigadores y especialistas de organizaciones de la sociedad civil.
En conferencia de prensa, los legisladores acompañados por integrantes del colectivo, y en voz de Emilio Álvarez Icaza, señaló que se busca abrir una discusión y reflexión sobre la política de Estado en materia de seguridad, más allá si la Guardia Nacional debe o no incorporarse a las Fuerzas Armadas.
“Lo que tenemos que hacer es revisar el Pacto de Seguridad para lograr Modelo democrático de seguridad ciudadana con perspectiva de Derechos Humanos. El modelo militarista de seguridad es un fracaso. Lo dijo el mismo candidato (López Obrador)”, señaló Álvarez Icaza.
El legislador indicó que éste será el sexenio más violento tomando en cuenta la cifra de desapariciones (más de 100 mil) e igual en homicidios dolosos, y los asesinatos de periodistas, ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Mencionó que la propuesta pretende también cumplir con el artículo transitorio de la Ley de la Guardia Nacional para que los militares que la integran y las Fuerzas Armadas, en este momento en tareas de seguridad pública, regresen a los cuarteles el 26 de marzo del 2024.
“No queremos que al término del plazo nos digan que no hay otra opción y dejar a los militares en las calles y que la Guardia Nacional sea una institución militar. Queremos decirle al país, cómo sí es posible un modelo de seguridad ciudadana y con respeto a los derechos humanos”, precisó.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, dijo que el reclamo formulado al gobierno federal es que se conduela con las víctimas y ponga un alto a la violencia, con límites a los militares, y sin violación a los Derechos Humanos.
“La perspectiva punitivista y militarista, esta fracasada. Debemos abordar el tema de la violencia desde una perspectiva de la víctima”, añadió.
Por ello, propuso agregar una reforma al artículo 20, para que la reparación del daño tenga rango constitucional.
“Queremos un combate a la violencia en los marcos de la ley y de los derechos humanos, queremos un México en paz y sin ningún tipo de guerra, sino solo de aplicar la ley para alcanzar la paz”, mencionó.
Susana Camacho, de la organización Borde Jurídico, recordó que la propuesta fue formulada antes de la pandemia por las senadoras Anaya Mota y Patricia Mercado, pero no se avanzó más debido a la crisis de salud.
Destacó que es un replanteamiento viable para la formación de policías de carácter civil y que el Estado mexicano sea parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) para que las masacres cometidas por militares sean de su conocimiento.
También urgió a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos interpuestos por organizaciones de la sociedad civil, como el referente al acuerdo militarista del 11 de mayo del 2022, emitido por el gobierno de México.
Por otra parte, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, comentó que las reformas buscan también eliminar la figura de la delincuencia organizada.
“Se trata de un esfuerzo para recuperar una #SeguridadSinGuerra, civil, no militar, como las democracias que deben forjarse en México y el mundo”, señalo.
La senadora del PRI, Claudia Anaya, destacó la aportación del colectivo de la sociedad civil e indicó que la propuesta es que en el Senado se abran espacios de debate, discusión y de parlamento abierto, para analizar y replantear el modelo actual de seguridad pública en México.
La legisladora señaló que en Zacatecas, al que representa, es donde se registran el mayor número de policías civil son asesinados y los elementos policiales renuncian o son cooptados por los criminales.
Precisó que se trata de una propuesta amplia y robusta sujeta a la discusión para llegar a acuerdos mediante el diálogo y el consenso.
JLMR