La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que los servidores de la nación violaron la ley durante el censo y distribución de los programas sociales promoviendo indebidamente la imagen del presidenteAndrés Manuel López Obrador.
Además, acreditó que estos funcionarios no cumplieron con las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al mantener el nombre e imagen del mandatario en su vestimenta así como en su discurso.
Sin embargo, los por mayoría de votos, los magistrados deslindaron de cualquier responsabilidad por estos hechos tanto al Presidente como a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores; y limitaron las sanciones a los delegados estatales y subdelegados regionales.
La magistrada presidenta, Gabriela Coello Villafuerte, consideró que la responsabilidades debían alcanzar a ambos servidores, ya que son los responsables de la entrega de estos programas sociales en todo el país.
No obstante, la Sala Especializada acredito que al menos 36 servidores públicos atribuían la entrega de programas sociales al beneficio de una persona, en este caso el Presidente, y no reconocían que esto es una acción de gobierno.
Coello Villafuerte aseguró que en un país con profundas desigualdades como México, en donde la pobreza ha sido utilizada con fines electorales, el uso de recursos públicos para expresar gratitud a una persona cuando los programas sociales son parte de planes y agendas de gobierno, manda una idea equivocada a la ciudadanía.
Consideró que era necesario dar vista a la Fepade para que analice el tema en su ámbito de competencia; sin embargo, la propuesta no fue respaldada por los magistrados María del Carmen Carrión ni por el magistrado en funciones, Carlos Hernández Toledo.
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