La presidenta Claudia Sheinbaum publicó el decreto para ampliar la información que publicarán de manera proactiva los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, por lo que a partir del 5 de agosto se abre un plazo de 120 días hábiles para que se cumplan las nuevas disposiciones.
En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se dio a conocer el documento que especifica la información las dependencias deberán poner a disposición de la ciudadanía por ser de interés público.
“Que es prioridad para el gobierno de México garantizar la transparencia proactiva de la información generada en el ejercicio de las actividades que realizan los sujetos obligados y, en su caso, las empresas filiales de las empresas públicas del Estado, relacionada con las contrataciones públicas y proyectos de inversión, actos de fiscalización, al resultar relevante y beneficiosa para la sociedad.
“Ya que ayuda a entender el uso de los recursos públicos que ejercen los entes públicos, se estima conveniente considerarla de interés público y darla a conocer, para fortalecer la rendición de cuentas y el fomento de la cultura de la transparencia de la información pública que contribuya al combate a la corrupción”, dice el decreto.
Aquí puedes consultar el decreto
Obligaciones para filiales y el rol de la Secretaría Anticorrupción
Las filiales de las empresas públicas del Estado deberán dar a conocer de manera proactiva los estados financieros; los informes sobre su situación en materia financiera, administrativa, operativa, económica, jurídica que rindan ante entidades mexicanas o extranjeras; actas de asamblea donde se determine creación, fusión o escisión; actas constitutivas, datos del gobierno corporativo, incluidos los que corresponden a la identificación del personal que representa al sujeto obligado en éstas.
Además de datos de las personas integrantes del Consejo de Administración y, en su caso, de la persona titular de la Dirección General; todas sus disposiciones de operación, así como evaluación y seguimiento a los resultados operativos; política de recursos humanos, remuneraciones y austeridad y la relativa a los contratos celebrados.
En tanto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá actividades de fiscalización para dar seguimiento a los planes anuales de trabajo y evaluación; a resultados de la designación de despachos de auditores externos; informes anuales; situación de auditorías; padrón de despachos de auditores externos y el programa anual de fiscalización.
“Los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, publicarán y mantendrán actualizada la información a que se refiere el artículo Tercero del presente decreto, en términos de las disposiciones jurídicas, en el apartado especial de la Plataforma Nacional de Transparencia que habilite la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Los Consejos de Administración de las empresas públicas del Estado serán los responsables de publicar la información que se refiere”, señala.
Los plazos técnicos para la publicación de formatos y criterios
A partir de la entrada en vigor del decreto este miércoles, se abre un plazo de 90 días hábiles para que Transparencia para el Pueblo emita los criterios técnicos y ponga a disposición de los sujetos obligados los formato específicos para dar a conocer la información.
Posteriormente, los sujetos obligados deberán publicar la información prevista en el artículo tercero del presente decreto, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que Transparencia para el Pueblo ponga a disposición los criterios técnicos y formatos específicos correspondientes.
Transparencia y rendición de cuentas, sin excepción ni privilegios para nadie: Kenia López
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepción ni privilegios.
Al fijar un posicionamiento sobre el decreto en materia de transparencia presentado por el Ejecutivo, la legisladora del PAN subrayó que no puede haber excesos, abusos ni patrimonios inexplicables de políticos o funcionarios en ningún espacio del poder público.
En conferencia de prensa, remarcó asimismo la necesidad de un organismo independiente para determinar la entrega y la reserva de la información en poder de las instituciones públicas.
“Contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información sigue siendo indispensable, especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades”, señaló.
Sostuvo que la seguridad nacional debe ser invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca negar de forma automática la información a los ciudadanos con ese pretexto.
“La regla debe ser abrir la información, porque reservarla, sin lugar a dudas, debe ser una excepción y, por cierto, una excepción que este fundada y totalmente justificada”, puntualizó.
López advirtió que hoy existe una exigencia nacional para combatir la corrupción que lastima al erario y, en consecuencia, a los ciudadanos.
“La opacidad y la falta de transparencia abren espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder”, dijo.
Por ello, añadió, es importante asegurar que la ciudadanía pueda conocer, de manera completa y oportuna cómo se toman las decisiones públicas y cómo se utilizan los impuestos de los mexicanos.
“Es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido cómo, cuándo y en qué se gasta. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios”, indicó.
En ese contexto, la diputada estimó que la iniciativa presidencial que será enviada al Congreso representará la oportunidad de analizarla junto con otras de los diversos grupos parlamentarios, a fin de precisar conceptos y acotar la discrecionalidad, garantizando principios como la transparencia y la máxima publicidad.
“De manera particular, debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca, con el pretexto de ser información de seguridad nacional, pues se niegue de forma automática esa información a los ciudadanos”, insistió.
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