Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite las cuatro acciones de inconstitucionalidad que promovieron la minorías de diputados y senadores, quienes impugnaron las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contemplan las figuras de los delegados estatales y las comisiones presidenciales especiales de investigación.
Luis María Aguilar Morales, ministro instructor, acordó acumular las demandas por existir identidad en el decreto impugnado e instruyó dar vista a las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron señaladas como autoridades responsables, para que envíen el informe correspondiente al Alto Tribunal dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación.
También les requirió a enviar, por conducto de quien legalmente los represente, copia certificada de todos los antecedentes de la iniciativa impugnada.
En el acuerdo de admisión, el ex presidente de la Corte negó a los diputados promoventes de la acción 120/2018 la suspensión de los efectos y consecuencias del decreto impugnado, específicamente de artículo 33 fracción XXI, que contempla la intervención de la Secretaria de Energía en la fijación de las tarifas de energía eléctrica.
En diciembre pasado, las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados reclamaron la figura de los superdelegados del gobierno lopezobradorista porque argumentaron que violenta la soberanía de los estados, entre otros aspectos.
“Los superdelegados generan un estado generalizado de incertidumbre, en perjuicio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, (pues) se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a los programas que entregan beneficios sociales directos a la población, sin la previsión de mecanismos de control y garantías institucionales”, señalaron.
Las bancadas de la oposición en el Palacio de San Lázaro impugnaron cinco puntos del ordenamiento, entre los que destaca también la concentración de la política de contrataciones públicas y compra de bienes y servicios en la Secretaría de Hacienda.
Cuestionaron igualmente la disposición de que la Secretaría de Energía coordinará con la Comisión Reguladora de Energía la determinación de las tarifas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, en contravención a la autonomía técnica que la Constitución otorga a los órganos reguladores.
Los líderes parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; del PRD, Ricardo Gallardo, y de MC, Tonatiuh Bravo, pusieron asimismo en entredicho la constitucionalidad de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República nombre y, en su caso, remueva a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De igual manera, denunciaron la violación a los principios de legalidad y democracia representativa durante su procesamiento en la Cámara de Diputados.
Mencionaron que el diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo levantó la sesión del 13 de noviembre en que se discutía el proyecto y convocó a otra nueva para aprobar indebidamente el dictamen, además de acusar un ejercicio “arbitrario y discrecional” por parte de la Mesa Directiva.
Los legisladores señalaron, además, que la Comisión de Gobernación incumplió la obligación de distribuir el dictamen en los plazos legales, pues lo envió con solo dos días de anticipación y, más aún, en día inhábil.
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