El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las leyes Federal de Protección a la Propiedad Industrial y de Infraestructura de la Calidad, así como reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Derecho de Autor, para armonizar el marco jurídico con el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los legisladores de las ocho fracciones parlamentarias avalaron sin modificación alguna las cuatro minutas del Senado de la República y las turnaron al Ejecutivo para su publicación, a solo unas horas de la entrada en vigor del T-MEC este 1 de julio.
Entre rigurosas medidas sanitarias, el órgano legislativo aprobó así las leyes reglamentarias en votaciones por bloques de 50 diputados para evitar concentraciones en el pleno y cumplir los lineamientos de sana distancia para reducir el riesgo de contagios por covid-19.
Ley mantendrá 20 años las patentes
Con 367 votos a favor y una abstención, La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial fortalece la reglamentación sobre patentes, diseños industriales, marcas, avisos comerciales y denominaciones de origen, con el fin de salvaguardar invenciones para fines comerciales o industriales, además de otorgar mayor certeza a los creadores.
Con ello se busca prevenir y sancionar actos que atenten contra la propiedad industrial o constituyan competencia desleal, así como fomentar la creatividad para el diseño de productos nuevos y la difusión de conocimientos tecnológicos.
Dicho ordenamiento mantiene la vigencia de 20 años improrrogables para las patentes, aunque la bancada del PRI advirtió que el nuevo ordenamiento mantiene riesgos sobre un posible retraso en el otorgamiento de registros sanitarios de Cofepris a medicamentos genéricos, así como la posibilidad de registro como patentes variaciones que no representan una innovación como tal.
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Ley de Infraestructura contribuirá a política del gobierno en desarrollo industrial
A su vez, avalada también con 367 votos a favor y una abstención, la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad prevé establecer y desarrollar las bases de la política industrial a través de procesos de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, con el fin de promover el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios.
Considera asimismo contribuir a los objetivos de la política del gobierno en materia de desarrollo industrial, la competitividad en las cadenas globales de valor y en los mercados internacionales, el uso sustentable de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente y el cambio climático.
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Hasta 10 años de cárcel a quien robe señal satelital o por cable
El pleno cameral aprobó además con 364 votos a favor y una abstención las reformas al Código Penal Federal para imponer hasta diez años de cárcel a quienes incurran en “piratería” de obras protegidas o robo de señales satelitales o por cable.
Entre otras penas previstas para delitos en materia de derecho de autor se establecieron de cuatro a diez años de cárcel contra quienes, con fines de lucro, eludan cualquier medida tecnológica de protección utilizada por productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como autores de cualquier obra protegida por derechos de autor.
Igualmente se aplicaría esa sanción a quienes fabriquen, importen, distribuyan, renten o comercialicen dispositivos, productos o componentes destinados a eludir una medida tecnológica de protección a obras protegidas por el derecho de autor o derecho conexo.
Aunado a lo anterior se prevén castigos de hasta cuatro años de cárcel a quienes reciban o distribuyan una señal de satélite, originalmente codificada y cifrada, portadora de programas, o en su caso fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal.
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Avaladas con 369 votos a favor y una abstención, las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor establece a su vez medidas tecnológicas de protección de la información sobre la referencia a la obra, el autor, el artista intérprete o ejecutante, el fonograma, su productor y respecto del titular de los derechos de los mismos, entre otros asuntos.
El decreto incluye infracciones de orden administrativo y se prevé el pago de daños y perjuicios por la manufactura, modificación, importación, exportación, venta o distribución de dispositivos que decodifiquen, sin autorización, las señales de programas o la asistencia a otros para la recepción de señales sin autorización.
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