El Tribunal Estatal Electoral desechó la queja de Movimiento Ciudadano en la que impugnó la conformación de la Mesa Directiva para el tercer año de funciones del Congreso de Nuevo León.
La resolución se dio con dos votos a favor de la magistrada presidenta Saralany Cavazos y del magistrado Tomás Alan Mata, y el sufragio en contra de la magistrada Claudia Patricia de la Garza.
“Se desecha de plano la demanda del presente juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano”, se lee en la sentencia.
Los promotores de este recurso fueron los diputados de Movimiento Ciudadano, encabezados por la coordinadora Sandra Pamanes.
El razonamiento de los magistrados fue que este asunto es de carácter parlamentario, no electoral, de ahí que advirtieron la falta de competencia material para conocer el fondo de dicho tema.
“La designación de las diputaciones para integrar la Mesa Directiva del Congreso, constituye un acto propio del ámbito parlamentario, al encontrarse directamente relacionado con la organización, funcionamiento y desarrollo de los procedimientos internos necesarios para el ejercicio de atribuciones del Congreso.
“En ese sentido, dicho acto se encuentra excluido de la materia electoral, ya que no se advierte que produzca una incidencia directa en el ejercicio efectivo del cargo de las diputaciones”, señala el escrito.
Para el tercer y último año de funciones, el pleno del Congreso local designó a la diputada del PRD, Perla Villarreal, como presidenta de la Mesa Directiva.
Movimiento Ciudadano buscaba que su diputado, Mario Salinas, asumiera el cargo, propuesta que fue rechazada por la mayoría legislativa.
“La designación de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso no debe considerarse como un acto que impide o restringe el ejercicio efectivo del cargo por el que fueron electos los promoventes, dado que los procedimientos legislativos para su realización son de naturaleza parlamentaria”, se lee en la sentencia.
Por su parte, la magistrada Claudia Patricia de la Garza consideró que el Tribunal si tenía competencia para analizar el tema, al advertir que la mesa directiva del Congreso local no constituye únicamente un órgano administrativo interno.
“Desde mi perspectiva, la posibilidad de acceder a los órganos de dirección del Congreso en los términos establecidos por la propia legislación puede formar parte de las condiciones bajo las cuales las diputaciones ejercen la función representativa para la que fueron electas, de manera que una controversia en la que se plantea el incumplimiento de las reglas legales que regulan dicho acceso resulta susceptible de tutela en sede jurisdiccional electoral”, puntualizó.
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