La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos el oficio emitido por el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí el que planteaba retirar la protección a la presidenta municipal de Zaragoza, San Luis Potosí, Paloma Bravo García, y además, la revictimizaba imponiéndole una medida de apremio.
En noviembre del 2019, la presidenta municipal denunció al regidor Rafael Cárdenas y seis personas más ante el Tribunal Electoral de San Luis Potosí por violencia política de género argumentando amenazas de muerte, privación de la libertad, discriminación, desprestigio, insultos, presiones y obstaculización en el ejercicio de su cargo.
Un mes después la Sala Regional Monterrey dictó medidas de protección provisional como seguridad para la funcionaria y ordenó la separación del cargo del regidor y la prohibición de acercársele.
Sin embargo, el pasado 10 de marzo el Secretariado Ejecutivo Electoral Local consideró que las amenazas habían cesado y pidió a Bravo García informar y argumentar en tres días si era necesario mantener la asignación de escoltas así como el distanciamiento y la separación del cargo del regidor.
Por mayoría de votos, el TEPJF dejó sin efectos dicho dictamen al considerar que no se comprobó que la violencia por razón de género haya cesado y al apercibir a la denunciante se le revictimizó y afectaron sus derechos. Además de que el consejo no tiene facultades para revisar y mucho menos para modificar medidas cautelares decretadas por una sala regional.
Por lo que la alcaldesa de San Luis Potosí deberá permanecer con las medidas cautelares que garanticen su seguridad mientras persistan las amenazas por razón de género.
jlmr