La región de Tula, en el estado de Hidalgo, es una de las más golpeadas en la entidad.
Entre los problemas que la aquejan destacan: la situación ambiental de la presa Endhó; la contaminación de las cementeras y de la refinería Miguel Hidalgo; los conflictos en torno a la cooperativa Cruz Azul, que generan tensiones sociales e incluso han derivado en violencia.
Así como la creciente inseguridad reflejada y se acrecienta en los últimos meses por la presencia de robo de hidrocarburo y narcomenudeo. Sin embargo, tampoco está libre de la decepción: el fantasma de ese terreno donde no pudo concretarse no uno, sino dos proyectos federales.
Se trata de un predio de 700 hectáreas ubicado entre los municipios de Tula de Allende, Tlaxcoapan y Atitalaquia, ese que en 2009 prometió una nueva refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) para mejorar la economía de la zona.
El proyecto se suspendió en 2013 debido a la inviabilidad económica y de mercado para garantizar su rentabilidad.
Doce años después, el gobierno federal buscó reactivar este espacio y edificar el primer Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en el país; sin embargo, el resultado de una consulta ciudadana del 14 de diciembre de 2025 para confirmar la inversión de mil 700 millones de pesos en este inmueble fue negativo, con una mínima participación de 8.77 por ciento de los votantes posibles: 13 mil 67 personas de alrededor de 149 mil en Atitalaquia, Tula y Tlaxcoapan. Por ello, los trabajos proyectados para enero de este año no se desarrollaron.
Un terreno costoso y sin beneficios
El costo y gasto tanto del gobierno federal, a través de Pemex, como del ejecutivo de Hidalgo, para la obtención y pago de este terreno que parece maldito —pues no se concreta ninguna acción a favor de la población, de la economía o del país— es significativo. Incluso el nuevo Hospital General de Zona (HGZ) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcoapan, Hidalgo, proyectado para sustituir al hospital de Tula afectado por las inundaciones de 2021, sigue en construcción y sin fecha determinada para su inauguración u operación.
Ante esta interrogante, MILENIO verificó los documentos disponibles en las páginas de transparencia de Pemex, el gobierno de Hidalgo y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para conocer el monto total erogado para la adquisición y adecuación del predio destinado a la fallida Refinería Bicentenario, así como el recurso público destinado para la creación del Podecibi, resultando un monto de cuatro mil 983 millones 384 mil 602.69 pesos, un precio elevado para lo que parece ser un terreno maldito donde no crece ninguna semilla.
Igualmente, este medio comparó el costo-beneficio de Pemex y del gobierno estatal, de acuerdo con la Memoria Documental de la Dirección General de Pemex Transformación Industrial, Subdirección de Proyectos Industriales, y confirmado por la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 15-6-90T9M-02-0533, 533-DE, efectuada a Pemex Transformación Industrial, en específico a la “Reversión de los Terrenos Adquiridos para la Construcción de la Refinería Bicentenario”.
El terreno fue valuado por Banobras en 140 pesos por metro cuadrado, por tratarse de terrenos agrícolas de riego, y se determinó un valor de la donación, hecha por el gobierno de Hidalgo en 2009, para efectos fiscales, de 980 millones 186 mil 781.20 pesos; es decir, que al final se pagó el 508.4 por ciento del valor original.
La compra, la deuda y el pago del predio
Ante la definición de Pemex de construir un nuevo inmueble, derivado del estudio del 30 de julio de 2008, Estudio de viabilidad para construir una nueva refinería en México, la paraestatal lanzó una convocatoria para que las entidades federativas presentaran propuestas con todos los aspectos técnicos de los proyectos para modernizar el Sistema Nacional de Refinación y construir una refinería de última generación, en términos técnicos, tecnológicos y de impacto ambiental.
Gobiernos estatales enviaron propuestas; destacaron como sede de esta nueva refinería las ciudades de Salamanca, Guanajuato, y Tula, Hidalgo.
Pemex opinó que el mejor lugar para construir la nueva refinería era Tula de Allende, por localizarse cerca de las regiones de consumo de petrolíferos; por ello, su construcción estaría sujeta a condiciones consistentes en que, en un plazo de 100 días naturales contados a partir del 14 de abril de 2009.
El gobierno de Hidalgo realizara los siguientes actos jurídicos: adquirir en propiedad todos los bienes que integran los polígonos de los terrenos propuestos, con una superficie de al menos 700 hectáreas, y cumplir con todos los requisitos legales de registros y respeto a los derechos preferenciales; además de entregar a Pemex Refinación la constancia de manifestación unilateral e irrevocable de transmitir dichos bienes en donación al organismo.
Para este efecto, el entonces gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, adquirió una deuda con el Banco Nacional de México (Banamex) por mil 500 millones de pesos, recurso con el cual pagó los terrenos que donaría a Pemex, entonces propiedad de ejidatarios de la región.
En 2010, Pemex Refinación y el Ejecutivo estatal firmaron el contrato de Donación Pura, Simple y Gratuita; sin embargo, en la cláusula sexta del contrato se estableció que, en caso de que no se construyera la refinería ni se utilizara para los fines establecidos, el contrato tendría que revertirse en favor del donante.
Refinanciamiento y pagos millonarios
Aunque en los portales de transparencia del gobierno de Hidalgo no se localizó información sobre el pago efectuado entre 2009 y 2012 del crédito contratado con Banamex, MILENIO localizó el decreto número 68, de 2012, cuando José Francisco Olvera Ruiz fungía como gobernador de Hidalgo.
En este documento, el Congreso local aprobó la contratación de un financiamiento hasta por un monto de mil 471 millones 852 mil 537 pesos, lo que representa una reducción de 28 millones 147 mil 463 pesos del monto original, para refinanciar o reestructurar deuda pública directa del estado.
El financiamiento se signó con Banorte por un plazo de 15 años —a finalizar en 2027—, el cual se enuncia en los documentos de Endeudamiento Neto”de la página de transparencia de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo bajo el concepto de: Refinanciamiento Banorte Refinería C-2001448-I INVEX F/I604.
Por cuanto hace a los pagos, el portal de transparencia del Ejecutivo local carece de información sobre el pago de este crédito en los años de 2016 a 2018.
Pese a ello, MILENIO corroboró el pago total de tres mil 589 millones 232 mil 910.69 pesos, únicamente por el predio de 700 hectáreas que albergaría estos proyectos del gobierno federal.
Pemex y el intento fallido de asumir la deuda
A esta cifra, y ante la suspensión de la Refinería Bicentenario en 2014, el gobierno de Hidalgo demandó a Pemex hacerse cargo de la deuda pública adquirida por la compra del terreno.
El fracaso de la nueva edificación se atribuyó a la conveniencia para el país de modernizar las refinerías ya existentes, e inició gestiones para conservar el inmueble en su patrimonio, por lo que se comprometió a cubrir el adeudo bancario que tenía el gobierno de Hidalgo por mil 450 millones de pesos, resultante de la compra del terreno, y a pagar 613 millones 311 mil 800 pesos por concepto de capital e intereses.
Estos compromisos se formalizaron mediante un convenio modificatorio con la entonces Pemex Refinación, sin precisar el uso que se daría posteriormente al terreno.
Sin embargo, este medio solo pudo constatar el pago por parte de Pemex de 195 millones 539.5 mil pesos en 2020 para cubrir el crédito mediante el cual fue adquirida la propiedad, de acuerdo con los documentos de la ASF (auditoría de la Cuenta Pública 2020), así como un pago adicional de 264 millones de pesos reportado por la Secretaría de Hacienda de Hidalgo en 2025, ejecutado con motivo de finiquitar el crédito con Banorte y brindar certeza jurídica para edificar el Podecibi en Tula, el cual tampoco será una realidad.
Obras de adecuación que quedaron en el abandono
Aunado al gasto del gobierno estatal y de la paraestatal para la adquisición del terreno que sigue sin generar beneficio a la población o ganancias significativas, Pemex erogó mil 394 millones 151 mil 692 pesos en diferentes acciones para adecuar el predio para albergar la Refinería Bicentenario.
Entre ellas se encuentra la construcción de la barda perimetral. El primero de marzo de 2011 se formalizó el contrato de obra pública ROPL01711P entre Pemex Refinación, ahora Pemex Transformación Industrial, y Martínez Aguilar Construcciones, S.A. de C.V., por un monto de 140 millones 730 mil 500.23 pesos y un plazo de vigencia de 487 días.
También se realizaron trabajos de reubicación de bancos de residuos municipales, reubicación de canales, líneas de transmisión eléctrica, adquisición de camionetas y labores de salvamento arqueológico, todos debidamente documentados, que en conjunto elevaron el gasto sin que el predio tenga actualmente una utilidad significativa.
Un valor inflado y una ganancia solo en papel
Cabe mencionar que, derivado de esta inversión en el predio, Pemex consideró un incremento en el valor del terreno recibido en donación simple, pura y gratuita, el cual fue valuado por Banobras en 2009 en 980 millones 186 mil 800 pesos.
Posteriormente, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió en 2015 un dictamen valuatorio que fijó el valor del terreno en cinco mil 562 millones 901 mil pesos. Sin embargo, este valor representa una ganancia virtual, pues, en relación con el gasto efectuado solo por el terreno, equivale apenas a 11.16 por ciento del total erogado.