Frontera. El Congreso de esa entidad aprueba una ley de Abbott que autoriza la detención de migrantes solo por parecerlo; la SRE condena “criminalización” y moviliza a cónsules para proteger derechos de connacionales en ese territorio
Texas aprobó una de las más draconianas legislaciones migratorias en la historia de Estados Unidos, incluso peor que la ley DeSantis, que permitirá a policías estatales y locales arrestar y deportar a cualquier persona que se considere “sospechosa” de haber cruzado ilegalmente a esa entidad, además de criminalizar a menores de edad de 10 a 17 años por su forma de ingresar a esa región.
La ley SB4, aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas, dominada por republicanos, y que será promulgada por su patrocinador, el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, define un nuevo delito estatal de entrada ilegal al estado, por lo que autoriza también a las policías de Texas a deportar sumariamente a los presuntos migrantes sin acatar los requerimientos constitucionales del debido proceso.
La inminente promulgación de esa ley ha detonado airadas reacciones por parte de organizaciones defensoras de migrantes, las cuales se dicen preocupadas por el comienzo de una nueva era de discriminación racial contra personas de origen hispano que sean detenidas y arrestadas ya sea por el color de su piel o por su aspecto físico sin que hayan cometido ninguna falta o violación a alguna legislación.
“La aprobación de SB4 crea un nuevo, separado e inequitativo sistema migratorio en Estados Unidos, permitiendo que todas las policías sean jueces y jurados para determinar el derecho de una persona a permanecer en el país muy probablemente con criterios raciales”, puntualizó el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por su sigla en inglés).
Por su parte, David Donatti, abogado de la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) de Texas, apuntó que “no existe nada comparable a escala federal donde un oficial, bajo su propia discreción, escolte a alguien hasta la frontera y le diga que salga. Esa es una perspectiva muy aterradora”.
Asimismo, el Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes demandó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, impugne de inmediato la ley, pues advirtió que tendrá “consecuencias devastadoras para los niños, los jóvenes y las familias en Texas, dando lugar a casos generalizados de discriminación y separaciones familiares similares a las de la política de Tolerancia Cero de la era Donald Trump”.
La abogada del Centro Young, Alexis Bay, señaló: “imploramos a la administración Biden, con el mayor sentido de urgencia, que desafíe de inmediato las violaciones legales de los derechos de los niños bajo la SB4”.
Expertos en derecho internacional consideran que la legislación texana puede dar lugar a una disputa legal con el gobierno de México, toda vez que los oficiales de Texas pueden enviar hacia territorio nacional a miles de personas al margen de su estatus migratorio o nacionalidad.
Incluso antes de la promulgación de la ley por parte del gobernador Abbott, el gobierno mexicano advirtió que el paquete de medidas legislativas aprobadas por Texas traerá afectaciones a los derechos humanos de más de 10 millones de connacionales que residen en esa entidad.
Rechazo de México
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) externó este miércoles su rechazo a las medidas antiinmigrantes de la ley SB4 aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Texas el pasado martes, que permite a autoridades locales y estatales detener a personas que sospechen hayan ingresado sin documentos al estado.
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Cabe destacar que la ley incluye la creación del delito estatal menor por ingresar y reingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de territorio texano y permite a jueces expulsar a los migrantes de forma inmediata.
Además, si el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo ante estas medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”, puntualizó la cancillería a través de un comunicado.
La secretaría apuntó que reconoce la soberanía de cada país con respecto de sus políticas públicas; sin embargo, externó que México también tiene el derecho de proteger los intereses de los connacionales en Estados Unidos y de establecer sus propias políticas internas, por lo que rechazó que se pudiera expulsar migrantes hacia el país.
Además, la cancillería mexicana dio su respaldo al trabajo conjunto que ya se lleva a cabo con la administración del presidente estadunidense Joe Biden para lograr una migración ordenada, segura, regular y con respeto a los derechos humanos de los extranjeros que buscan cruzar a ese país.
“México expresa además su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes”, explicó la cancillería sobre estas medidas.
Asimismo, la dependencia federal destacó su rechazo a cualquier medida que implique retornos involuntarios de personas migrantes.
La SRE también detalló que las 11 representaciones consulares de México que se encuentran en Texas ya han recibido instrucciones para proteger los derechos de los connacionales que radiquen en esa entidad.
Instruyó, entre otras medidas, a aumentar sus encuentros con autoridades aliadas, legisladores y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado. Además, realizar jornadas informativas, ofrecer asesoría legal y migratoria gratuita, y reforzar la vinculación con la comunidad mexicana.
El gobierno mexicano insistió en que mantendrá la colaboración con la administración estadunidense de Biden para abordar el fenómeno migratorio y para proteger los derechos de los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos”, concluyó.