El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, se presentará el próximo lunes a una audiencia judicial en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde buscará una “solución alterna” dentro del proceso que se le sigue por el incendio en la estación migratoria, donde murieron 40 personas y 42 sobrevivieron.
Organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas acusaron que con esa medida el funcionario federal busca “detener” las investigaciones en su contra.
“La Suspensión Condicional del Procedimiento, ‘solución alterna’, establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como objetivo detener la persecución y proceso penal en contra del acusado y extinguir la acción penal”, aseguraron.
En un posicionamiento público respaldado por 74 organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos, hicieron un llamado a las autoridades a no permitir la impunidad por los hechos ocurridos en la estancia 2 migratoria de Ciudad Juárez.
“La Fiscalía General de la República (FGR) debe terminar el proceso de investigación que culmine en un juicio justo para las víctimas”, señalaron.
Reprocharon que a Francisco Garduño no se le indaga por homicidio ni lesiones, pues sólo se le investiga por “ejercicio ilícito del servicio público".
El 30 de abril de 2023, el comisionado Garduño fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Dentro del proceso, en septiembre de 2023, Garduño promovió la primera “solución alterna”, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la FGR y la empresa aseguradora, a cambio de detener la investigación en su contra.
“Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir se le pueda otorgar una suspensión condicional -aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito- y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes”, reclamaron.
“Como organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio consideramos que, al no estar concluidas las investigaciones, aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad, por lo que sostenemos que el juez debe negar la ‘solución alterna’”, apuntaron las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
Recordaron que las organizaciones asumieron la representación legal de las familias de los afectados por el incendio en la estación migratoria, donde ya han hecho diferentes llamados a distintas instituciones públicas a “no permitir la impunidad de la que goza Francisco Garduño y el INM”.
Después de 16 meses de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes aseguran que las personas procesadas son mandos medios y bajos, así como dos migrantes, que siguen detenidos acusados de homicidio y lesiones, mientras que “Antonio Molina, ex coordinador de Control y Verificación Migratoria, se encuentra prófugo”.
ROA