Con modificaciones al dictamen, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la reforma constitucional en materia de remuneraciones de servidores públicos, que cierra la posibilidad para que ningún funcionario público, perciba salarios mayores al del titular del Ejecutivo Federal, ni bajo el amparo del Poder Judicial.
El dictamen re remitirá al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Con la abstención del PAN y PRD y los votos divididos del PRI, la mayoría parlamentaria aprobó en lo general con 357 votos a favor, 62 en contra y 1 abstención, las reformas a los artículos 116 y 127 constitucionales derivadas de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer que ningún funcionario público, incluidos los que pertenezcan a un órgano autónomo, podrán obtener una remuneración mayor al salario establecido para el titular del Ejecutivo.
"Con 357 votos a favor, 62 en contra y 1 abstención se aprueba el Artículo Cuarto Transitorio del dictamen que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución, con la modificación del dip. Jorge Eugenio Russo Salido".
"Aprobado, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución, en materia de remuneración de servidores públicos, para que nadie gane más que el Presidente, pasa al @senadomexicano".
En tanto, de las reservas presentadas fueron avaladas dos, las propuestas por el diputado del PAN, Elías Lixa y la segunda de Movimiento Ciudadano, la primera modifica el artículo segundo transitorio para establecer que las remuneraciones contempladas a los funcionarios públicos tomando en cuenta el límite máximo deberán ser ajustadas en el ejercicio fiscal del año siguiente a la publicación, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a la sentencia del 20 de mayo de 2019, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La segunda, que adiciona un artículo cuarto transitorio, establece un plazo de 120 días a partir de que se publiquen las reformas, para modificar las leyes reglamentarias de los artículos 75 y 127 constitucionales a fin de establecer un organismo técnico responsable de realizar los estudios para fundamentar los salarios de los funcionarios públicos.
Lo anterior a fin de cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en mayo pasado ordenó al Congreso de la Unión corregir diversos puntos inconstitucionales de la Ley de Remuneraciones.
Así como aclarar la forma en cómo se calcula el sueldo del Presidente de la República, para que se incluyan en la cantidad total los pagos en efectivo que recibe, pero también los pagos en especie, cómo son gastos de alimentación, transporte y vivienda.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Pablo Gómez, negó que con estas reformas se violen los derechos de los funcionarios públicos y aseguró que no se requiere de un organismo que regule el salario del presidente ni del resto de los funcionarios públicos, toda vez que es facultad del Legislativo.
“Necesitamos mantener los niveles de sueldos que ha establecido la Cuarta Transformación, por el bien y la moral de este país”, sostuvo.
Al respecto, el diputado panista Elías Lixa, a nombre de su bancada sostuvo que con estas reformas no se cumple con la sentencia de la SCJN que ordenó al Congreso de la Unión corregir diversos puntos inconstitucionales de la Ley de Remuneraciones.
Así como aclarar la forma en cómo se calcula el sueldo del Presidente de la República, para que se incluyan en la cantidad total los pagos en efectivo que recibe, pero también los pagos en especie, cómo son gastos de alimentación, transporte y vivienda.
“No se está dando cumplimiento a la sentencia en nuestra contra que declaró inconstitucionales los artículos 6 y 7 de la Ley de Remuneraciones, y qué fija. Que la forma de fijar el salario tiene que ser de manera objetiva. Eso es lo que reclama la oposición. Que si bien es una facultad de la Cámara se tiene que hacer con parámetros medibles y objetivos”, señaló.
AE