Luego de 12 años de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el ingreso de armas de fuego de Estados Unidos a México a través del operativo Rápido y furioso.
Entre los acusados están el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, su mano derecha Luis Cárdenas Palomino y el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Funcionarios del gobierno revelaron que de las siete órdenes de captura concedidas por un juez federal, cuatro son contra ex mandos de la Policía Federal (PF).
La indagatoria comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, por la introducción de más de 2 mil armas de fuego al país de forma deliberada por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) a finales de 2009, para identificar a compradores y armamento que se perdió y llegó al cártel de Sinaloa. La FGR señaló que esta conducta criminal, la de haber ingresado armas a suelo mexicano, “es absolutamente ilegal e inadmisible”.
Indicó que, de acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de EU, se obtuvo información necesaria para establecer que las armas fueron utilizadas “en diversos delitos de sangre en el país”, desde 2009 hasta fechas recientes.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país.
“En México, de conformidad con una investigación propia y con datos adquiridos en averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solo fueron introducidas ilegalmente, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales ya investigados y procesados”, detalló.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada pudo establecer la presunta responsabilidad de El Chapo Guzmán, cuya organización recibió las armas.
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Recordó que García Luna y Cárdenas Palomino se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad en EU y México. El ex secretario por nexos con el citado cártel y el ex coordinador de Inteligencia de la PF por tortura a supuestos secuestradores.
La dependencia agregó que contra García Luna existen ya dos órdenes más de aprehensión, giradas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición.
La noticia
En 2011 el activista Julian Assange, creador de WikiLeaks, filtró cables diplomáticos sobre las actividades del gobierno de EU en diversas partes del mundo; uno de ellos reveló que Washington dio luz verde al operativo.
Así se conoció que el agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry había muerto producto del fallido operativo. En marzo de ese año, la embajada de EU a cargo de Carlos Pascual aseveró que las autoridades mexicanas sí fueron informadas de la operación, incluso lo calificó de exitoso porque se detuvo a 20 traficantes en Phoenix.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) dijo no conocer el operativo y agregó que México no autorizó la operación. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, también rechazó que hubieran sido informados de la entrada de armas.
Sin embargo, un agente de la ATF declaró en el Congreso estadunidense que la PGR sí fue alertada y que una buena parte del armamento llegó al cártel de Sinaloa. En EU, el procurador Eric Holder se negó a entregar los documentos del operativo y congresistas intentaron destituirlo.
En junio de 2012, el presidente Barack Obama utilizó su “privilegio ejecutivo” para impedir que el fiscal Holder entregara la documentación a la comisión de la Cámara de Representantes.
La única detención que se conocía es la de Heraclio Osorio Arellanes, señalado como el responsable del homicidio del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry el 14 de diciembre de 2010;
El número tres de Los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, y cómplices fueron extraditados por estar relacionados con la muerte del agente Jaime Zapata y con el intento de homicidio de su compañero Víctor Ávila, en 2011.