El PRI perdió la Presidencia 11 meses antes de las elecciones de 2018. El llamado “error de Campeche” —cuando se abrieron los estatutos del tricolor para candidatos externos en agosto de 2017— no solo marcó el destino de la campaña de José Antonio Meade y el cierre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sino también el rumbo del partido que, a 90 años de su fundación, parece que tiene expedida un acta de defunción.
Durante los primeros meses de 2017 los actos, notas, pronunciamientos y teorías palaciegas sobre quién sería el abanderado de Peña Nieto para la sucesión presidencial proliferaban en los medios de comunicación, los pasillos de las principales secretarías de gobierno y la esfera política.
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Andrés Manuel López Obrador se placeaba por tercera ocasión como el virtual candidato presidencial, pero por vez primera por Morena, mientras que Ricardo Anaya afianzaba sus aspiraciones en el PAN respaldado por el PRD y Movimiento Ciudadano.
En el PRI, partido en el gobierno, todo era una incógnita: había muchos suspirantes y solo un puesto. En esa baraja estaban los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; de Educación, Aurelio Nuño; de Salud, José Narro; de Turismo, Enrique de la Madrid, y de Hacienda, José Antonio Meade.
También figuraban el ex presidente del partido Manlio Fabio Beltrones y los ex gobernadores de Yucatán y del Estado de México, Ivonne Ortega y Eruviel Ávila, respectivamente.
El presidente Peña Nieto llegó al límite antes de decantarse por alguno de sus correligionarios y, para contar con todas las cartas, pidió a la dirigencia del partido, encabezada por Enrique Ochoa Reza, convocar a una asamblea nacional para cambiar los estatutos y abrir la candidatura presidencial a los simpatizantes.
De acuerdo con priistas, el Presidente aprovechó su gira por Campeche, del 8 al 10 de agosto, para reunirse con el gobernador Alejandro Moreno y “planchar” los cambios en los estatutos y acallar las voces de los opositores.
Los líderes de Alternativa APN, César Augusto Santiago, y de Democracia Interna, Ulises Ruiz, advirtieron que, de concretarse los cambios y desdeñar una elección abierta para elegir al abanderado, el PRI “viviría la peor crisis de su historia”.
El ex gobernador de Oaxaca afirmaba que si Peña Nieto imponía a su candidato mediante el dedazo, “el PRI perdería toda posibilidad de mantener la Presidencia en 2018”.
No obstante, la máquina ya estaba aceitada y los engranes funcionando: José Ramón Martel fue el encargado de redactar la propuesta para modificar el artículo 181 de los estatutos.
El 9 de agosto de 2017 Ochoa Reza encabezó la inauguración y arranque de la mesa de estatutos, donde expresó que “los candados eran restricciones que había que dejar atrás”.
A su vez, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa, señaló que era el momento de una revolución en el país para afrontar los problemas actuales; también dijo que el trabajo que ahí se realizaba propiciaría “la unidad”, y que el grupo que apostaba por la fractura “terminaría insatisfecho y terriblemente frustrado”.
Tanto a Ochoa Reza como a Ramírez Marín la realidad los alcanzaría meses más tarde...
Cambios a los estatutos
Mientras avanzaban los trabajos de la mesa de estatutos en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Campeche se fueron conformando dos grupos: uno, integrado por el gobernador anfitrión Alejandro Moreno, así como por José Ramón Martel, Alfredo Femat y José Murat, que buscaba cómo transitar la reforma entre los simpatizantes; y otro, conformado por priistas más ortodoxos.
Los priistas se tomaron su tiempo para buscar acuerdos y modificar los requisitos para los candidatos, pero con el paso del tiempo se fueron caldeando los ánimos, ya que los asistentes demandaron ver cómo avanzaba el artículo que abría los estatutos.
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Entre la confusión por la poca organización, Carolina Viggiano y su operador Eduardo Bernal se reunieron con el ala inconforme del tricolor para tratar de imponer la cuota de jóvenes (uno de tres) en las listas plurinominales; no obstante, Paloma Guillén les dijo que no, porque no había sido autorizado por Ochoa Reza.
Tras horas de discusión, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz fueron los únicos que se opusieron al mandato de Peña Nieto, pero los priistas aprobaron la postulación de un ciudadano simpatizante para la Presidencia en 2018, y eliminaron el requisito de los 10 años para militantes con esas aspiraciones.
A mano alzada, los 520 delegados avalaron la propuesta que presentó Martel, a quien Meade nombró como su asesor durante su gestión en Sedesol y más tarde lo recompensó como “asesor durante su campaña”.
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De este modo, en el artículo 181 de los estatutos del PRI se estableció un penúltimo párrafo, que precisa la posibilidad de que los ciudadanos simpatizantes con prestigio y fama pública puedan ser postulados por el partido para la Presidencia.
Tras las modificaciones, vinieron los abrazos y los reconocimientos entre los artífices de los cambios, sin saber que habían marcado el destino del partido.
OMZI