En México, alrededor de 28.5 por ciento de personas de entre 12 y 17 años ha experimentado alguna forma de acoso escolar o violencia en su entorno educativo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, el Sistema Educativo Nacional atiende a más de 34 millones de estudiantes en 258 mil planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior, lo que hace indispensable mantener acciones permanentes de prevención y atención de riesgos.
Ante ello, la segunda comisión de la Permanente aprobó un dictamen el 22 de julio, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con las comunidades escolares, continúen el fortalecimiento de las acciones, protocolos y estrategias integrales de prevención y protección previstas en el marco de los “Entornos Escolares Seguros”.
Lo anterior, con pleno respeto a los derechos humanos, al interés superior de la niñez y a la construcción de ambientes escolares seguros, inclusivos y libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.
La estrategia “Entornos Escolares Seguros” impulsada por la SEP promueve la corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias y comunidades escolares para prevenir factores de riesgo y fortalecer una cultura de paz dentro y fuera de los planteles, por lo que resulta procedente exhortar a las autoridades competentes a continuar fortaleciendo las acciones.
Dicha estrategia constituye un mecanismo institucional que articula un conjunto de lineamientos, protocolos y acciones de observancia general orientados a garantizar que los centros educativos sean espacios seguros, saludables e incluyentes. También privilegia acciones preventivas, de convivencia y protección integral sin implicar revisiones o medidas que pudieran restringir derechos fundamentales sin sustento legal.
Por todo ello, la segunda comisión de la Permanente estimó necesario exhortar a la SEP y a las autoridades estatales en la materia, a fortalecer las acciones, protocolos y estrategias para que las y los estudiantes cuenten con un ambiente escolar seguro.
LG