Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la Cámara de Diputados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una nueva acción de inconstitucionalidad contra la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral, por considerar que vulnera la equidad en los procesos electorales.
Dicha impugnación se suma a las tres que previamente y por separado interpusieron las dirigencias nacionales de los partidos integrantes de la coalición Va por México.
En su acción de inconstitucionalidad de 288 fojas entregada este miércoles, los legisladores del bloque opositor pidieron al Poder Judicial declarar la invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa “por el atropello a principios y disposiciones de la Constitución”.
Los legisladores del llamado bloque de contención, señalaron que estas modificaciones buscan alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, vulneran la legalidad y atentan en contra de la Constitución por los siguientes motivos:
- Violan la veda legislativa al promulgarse una ley en materia electoral sin respetar el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales. Actualmente, se encuentran en curso en el estado de México y Coahuila.
- Atentan en contra del proceso parlamentario. Los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación fueron vulnerados durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados.
- Ponen de manifiesto el uso discrecional de recursos públicos para intervenir en las elecciones a través de propaganda.
Recordaron que un elemento fundamental en cualquier sistema democrático son las elecciones libres.
El líder parlamentario del PAN, Jorge Romero, subrayó que la coalición Va por México en la Cámara de Diputados decidió interponer el recurso en defensa de las instituciones democráticas y contra el autoritarismo del presidente y funcionarios de Morena que, con sus intervenciones ilegales, realizan actos simulados de comunicación.
A su vez, el coordinador del PRI en el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que las bancadas de Morena y sus aliados incurrieron en violaciones al proceso legislativo, sin respetar los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
“Durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance”, dijo.
Advirtió asimismo que resulta inconstitucional eliminar las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
El jefe de la bancada perredista, Luis E. Cházaro, hizo un respetuoso llamado a la Suprema Corte para dar trámite a la mayor brevedad a las acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable conocer el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, puntualizó.
EHR