Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, presentó una iniciativa con el propósito de dotar de atribuciones al Congreso de la Unión para dictar leyes generales en materia de delitos contra niñas, niños y adolescentes.
La modificación al artículo 73 de la Constitución Política pretende también que, de crearse una Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, ésta sea autónoma, cuente con las facultades suficientes y con los recursos humanos, materiales y financieros pertinentes, para hacer frente a la violencia que viven los menores en el país.
“La impunidad por vulnerar la vida, la integridad o la libertad de niñas, niños y adolescentes en México es prácticamente absoluta. Tenemos que hacernos cargo y plantear alternativas urgentemente, sobre todo cuando las niñas, niños y adolescentes ya forman parte de la estructura del crimen organizado en algunas entidades del país, como Morelos, Guerrero, al norte de México y en la costa del Golfo”, afirmó.
Refirió que de acuerdo con la Unicef entre 2016 y 2019 se registraron más de 9 mil defunciones por homicidio de niñas, niños y adolescentes, en cuyos casos 76 por ciento de las víctimas fueron niños y hombres adolescentes, y el 24 por ciento niñas y mujeres adolescentes.
Según ese mismo registro, el grupo de edad más vulnerable es el de adolescentes entre 12 y 17 años, ya que representa 78 por ciento del total de defunciones.
Además, recordó, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calcula que por lo menos 30 mil menores han sido reclutados por las organizaciones criminales en los últimos años en las áreas de actividades de la delincuencia organizada, ya sea en el tráfico de droga, venta de piratería, extorsión, redes de corrupción y asesinatos.
“El informe detalla la manera cómo los menores, desde el mismo momento en que son reclutados, comienzan una carrera delictiva muy corta, cuyo tiempo puede oscilar entre los 10 y los 8 años. Se encontró que los menores entre los 9 y 10 años de edad empiezan a ser reclutados como informantes.
“Posteriormente, a los 12 años, una vez que conocen los movimientos y la estructura de las organizaciones, se les usa como vigilantes en las casas de seguridad donde mantienen a los secuestrados. Ya con un previo entrenamiento, entre los 14 y 16 años se gradúan como sicarios o bien como encargados de una tiendita de droga”, resalta la investigación del Redim.
La senadora destacó la urgencia de atender las recomendaciones que ha emitido el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en el sentido de tomar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones de niñas, niños, de sus padres y madres, así como llevar a cabo un análisis de las causas de estos actos violentos, como son la violencia armada, el crimen organizado, el tráfico de drogas, la desigualdad de género, la pobreza y la marginación.
“Hoy por hoy, de cada 100 carpetas de investigación de delitos en las que niñas, niños y adolescentes son víctimas, sólo una alcanza alguna sentencia firme”, expresó.
kvd