La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota, propuso la creación de un registro de consulta pública que contenga los datos de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos de carácter sexual contra menores, con el fin de que se puedan tomar medidas preventivas para dotarlos de una mayor protección.
Recordó que el 12 de agosto organizó un foro para analizar los retos legislativos en materia de violencia sexual infantil, en donde una de las propuestas que se plantearon fue la creación de un registro nacional de pederastas a partir del cual se puedan tomar medidas preventivas en el entorno familiar y en sus espacios naturales de convivencia.
Indicó que en la actualidad no se conoce el nivel de profundidad y recurrencia de los delitos de índole sexual que cada día se cometen contra niños y adolescentes. Además, reconoció que las acciones para la prevención y combate han sido muy limitadas con consecuencias sumamente graves.
Aunque no se cuenta con datos consistentes, dijo, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) informó que cerca de cinco millones de niñas y niños padecen violencia sexual, pero sólo uno de cada 10 delitos se denuncia y de éstos únicamente 1.5 por ciento llega a juicio.
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Asimismo, estimó que aproximadamente 90 por ciento de las agresiones por violencia sexual contra menores de edad provienen de personas cercanas, entre 60 y 85 por ciento de las veces se trata de familiares.
A través de una iniciativa presentada en el pleno se advierte que los pederastas procuran acercarse a espacios donde pueden convivir con menores de edad, y que por lo general no abusan una sola vez ni de una sola víctima, por lo que Vázquez Mota considera necesario impulsar medidas que puedan contribuir a la prevención de la violencia sexual infantil atendiendo el interés superior de la niñez.
Por ello, propuso crear un registro público nacional a través del cual se informe sobre los agresores sexuales que han sido sentenciados por la comisión de un delito en contra de personas menores de edad, el cual deberá estar disponible en los portales electrónicos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.
La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 121 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.
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