Frente a las puertas del Palacio de Justicia de Iguala, a la altura del puente El Chipote, el único registro en video disponible sobre la noche trágica de Ayotzinapa fue borrado intencionalmente.
Las cámaras fijadas en la fachada del inmueble registraron el momento en que agentes policiales cercaron el autobús Costa Line 1531 y obligaron a descender a una veintena de estudiantes la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Sin embargo, las grabaciones desaparecieron de los archivos judiciales, convirtiendo ese tramo de la carretera Iguala-Chilpancingo en un punto ciego provocado que dejó al descubierto un entramado de ocultamiento en las altas esferas del poder.
A un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, esta cadena de omisiones ya derivó en la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por la sustracción del material probatorio, y ya alcanzó al exgobernador Ángel Aguirre Rivero por la presunta alteración y manipulación de la evidencia.
La verdad histórica
Durante la gestión de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio al frente de la investigación, la otrora Procuraduría General de la República (PGR), en la llamada verdad histórica, no se catalogó la pérdida del material como una sustracción o delito de obstrucción a la justicia.
La fiscalía dio por buena la notificación enviada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a cargo de Lambertina Galeana, y renunció a realizar un aseguramiento del equipo informático o peritajes inmediatos a la infraestructura de almacenamiento.
Fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el que documentó un patrón sistemático de negligencia en el manejo del material videográfico disponible la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Mientras las grabaciones del C-4, comercios, casetas de peaje y bancos se dejaron sobreescribir o no fueron solicitadas a tiempo por los investigadores, el caso del Palacio de Justicia de Guerrero constituyó la prueba más drástica de destrucción intencionada de evidencia clave para dar con el paradero de los estudiantes.
Lo que documentó el GIEI
Las indagatorias del GIEI confirmaron que las dos cámaras fijadas en la fachada del tribunal sí registraron el operativo desplegado contra el autobús 1531 entre las 22:30 y las 00:00 horas.
El propio encargado de las grabaciones habría declarado haber sacado una copia de respaldo debido a la gravedad de las agresiones, mientras que el área de informática admitió haber visualizado al menos dos o tres patrullas policiales rodeando a los jóvenes antes de ser sometidos y desaparecidos.
Sin embargo, el material desapareció en medio de contradicciones institucionales. Mientras el personal técnico excusó un "error desconocido" en la copia de los discos, la entonces magistrada presidenta justificó ante el GIEI que las imágenes no se conservaron porque "solo se veían unos jóvenes" y carecían de buena visibilidad.
El grupo de expertos concluyó que existió un ocultamiento doloso de la prueba y exigió fincar responsabilidades penales contra las autoridades del Poder Judicial guerrerense, una línea de investigación que revive una década después.
Lo que consignó la CIDH
El informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la CIDH, publicado el 25 de noviembre de 2018, dejó asentado en sus expedientes la destrucción de la evidencia videográfica y la falta de deslinde de responsabilidades hacia la cúpula del gobierno de Guerrero.
Respecto a los sistemas de videovigilancia que registraron el operativo en el puente El Chipote, el organismo internacional documentó en la página 48 la pérdida deliberada de las imágenes que captaron la intercepción de los normalistas:
“Respecto del Palacio de Justicia de Iguala, el MESA resalta que el GIEI en sus informes dio cuenta de la existencia de videos del Palacio de Justicia en donde se podían obtener imágenes sobre los hechos ocurridos en ese lugar, señalando que los mismos habrían sido destruidos”.
En cuanto al papel de Ángel Aguirre Rivero, el reporte consigna que la PGR tomó las declaraciones ministeriales del exmandatario, de su secretario general de Gobierno y del procurador estatal sobre las acciones desplegadas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, señalando la necesidad de que la investigación determinara formalmente el grado de conocimiento e intervención que tuvieron los mandos del Ejecutivo estatal durante los ataques en Iguala.
El diagnóstico de la CNDH
En su Recomendación 15VG/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejó en evidencia el colapso del sistema de vigilancia estatal en la zona. Al momento de los hechos, el C4-Iguala contaba con 25 cámaras de videovigilancia, de las cuales solo funcionaban cuatro. De esos cuatro equipos activos, el C4 únicamente entregó a la PGR las videograbaciones de tres, y solo una —ubicada en Prolongación Karina y Periférico Norte— captó imágenes relevantes ligadas a los hechos.
En el documento, la CNDH solicitó formalmente la acción penal que terminó ejecutándose años más tarde contra la cúpula judicial de la entidad:
“Lambertina Galeana Marín, así como del personal técnico involucrado, por la posible alteración, destrucción y ocultamiento de los soportes de video del Palacio de Justicia de Iguala.”
La confirmación de la COVAJ en 2022
En el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado por la Secretaría de Gobernación en agosto de 2022, la investigación oficial terminó por desarmar de manera definitiva la hipótesis del fallo informático.
El documento estableció la responsabilidad directa del Poder Judicial estatal en la pérdida del material.
“Respecto a los videos del Palacio de Justicia de Iguala, se confirma que el material videográfico no se perdió por una falla técnica ni por sobreescritura automática. Hubo una sustracción y destrucción intencional de los soportes magnéticos por parte de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero.”
El mismo informe de la COVAJ acusa que la magistrada Lambertina Galeana, del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ordenó la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia, argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo 'problemas técnicos'.
AH