Al reconocer que la corrupción y el nepotismo han aumentado en los años recientes en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, enfatizó que durante su gestión no se tolerará a los servidores públicos “que anteponen sus intereses personales a los de la justicia”.
- Te recomendamos La Suprema Corte busca proteger a las mujeres Comunidad
“La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que mucho tiempo los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa y no cejaremos en este compromiso.
“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores, a los corruptos, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”, advirtió al rendir su primer informe anual de labores al frente del PJF.
El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer que se interpusieron cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República contra magistrados de circuito por actos de corrupción.
Destacó que en uno de estos casos un juzgador ya fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, en referencia al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito por nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación.
EL CIRCUITO JALISCO
Al referirse en particular al caso del Circuito Judicial de Jalisco al que pertenecía el magistrado Avelar Gutiérrez, apuntó: “El Consejo advirtió que se había convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia, por lo que se llevaron a cabo readscripciones y suspensiones tendientes a desarticular redes de influencias y cotos de ilegalidad existentes, lo que ha permitido avanzar en las investigaciones conducentes”.
En el informe de labores se destaca que dicho Circuito de Jalisco fue renovado casi en su totalidad por “potencial conflicto de interés y/o hechos notorios que ponen en riesgo la administración de la justicia”, “otras necesidades del servicio” y “baja productividad”.
“Con base en distintas denuncias y elementos objetivos de la política de adscripción se identificaron supuestos que pueden suponer un riesgo para la impartición de justicia de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia”, explica el documento.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador; las lideresas del Congreso, la diputada Laura Rojas y la senadora Mónica Fernández, así como del empresario Carlos Slim, entre otros invitados, Zaldívar también destacó que en esa entidad un juez federal fue destituido e inhabilitado por 10 años “por hostigamiento sexual y laboral”.
INHABILITAN A 16
En el rubro de combate a la corrupción, el ministro presidente de la Corte abundó que el Consejo de la Judicatura destituyó e inhabilitó del servicio público a 16 juzgadores por “irregularidades patrimoniales”.
Destacó las destituciones de un juez de distrito por corrupción y dos magistrados de circuito “por notoria ineptitud y graves irregularidades en sus declaraciones patrimoniales”.
“Estamos logrando resultados tangibles que hubieran sido impensables hace unos meses en materia de austeridad, combate a la corrupción y al nepotismo, comunicación y cercanía con la gente. Hemos cambiado el paradigma de la formación de juzgadores y hemos reorientado la carrera judicial. Hemos avanzado hacia la paridad de género en la Judicatura y estamos comprometidos con una cultura de los derechos humanos”, puntualizó Zaldívar.
AUSTERIDAD EN LA 4T.
PARA LIQUIDACIÓN DE BURÓCRATAS, 1,245 MDP
El próximo año se erogarán mil 245 millones de pesos para pagar las liquidaciones de los servidores públicos que dejaron sus cargos durante 2019, anunció el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez. Durante su informe de actividades, detalló que entre los bajas no solo se encontraban servidores de altos mandos, sino también miembros del servicio profesional de carrera. Señaló que los recursos fueron entregados producto de 5 mil 804 convenios conciliatorios alcanzados con los trabajadores que fueron separados de 45 dependencias y entidades de la administración pública federal. Morales Vázquez aclaró que estas salidas fueron el resultado de las políticas de austeridad, así como de la circular 01 remitida por la Secretaría de Hacienda para establecer las disposiciones específicas y cubrir una compensación económica a los servidores públicos de carrera titulares por la terminación de la relación laboral. Mención especial requirió la creación de la Guardia Nacional, la cual obligó al tribunal a crear un programa emergente para hacer frente a la desaparición de la Policía Federal y el traspaso de sus elementos a la nueva corporación.