Los colectivos acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos en Celaya, pero les dijeron que no podían ayudarlos y no les permitieron presentar una queja contra los agentes.

La investigación, llevó más de un año para dar con el paradero del universitario hidalguense quien fue reportado por sus familiares desde el 6 de noviembre de 2019.

También destacó las acciones emprendidas para la identificación de cadáveres o restos de personas, así como el uso de la ciencia y la tecnología en las investigaciones.