Los integrantes del GIEI advirtieron que la salida del fiscal del caso podría retrasar la resolución del Caso Ayotzinapa hasta cinco años.

La razón principal es para analizar las capturas de pantalla presentadas por la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa.

Los mensajes difieren a lo conocido por el GIEI, que solicitó una prórroga ante el fin de su mandato.

Francisco Cox, integrante del GIEI, dijo que ven con preocupación el inicio de auditorías y temen una cacería de brujas.

Buitrago destacó que, como consecuencia de esta orden presidencial, se obtuvieron “partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia".

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, dijo que la violencia ejercida por Zerón generó confusión e insistió en que el Estado debe una respuesta contundente a los padres.

Alejandro Encinas resaltó que el compromiso del Presidente de México con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos es mantener la participación del GIEI durante este proceso.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, manifestó que su decisión de desaparecer la Oficina Especial del Caso Iguala se debió a una “demanda expresa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos” de Ayotzinapa.

Francisco Cox aseveró que se han visto avances en la investigación, pero que el desafío sigue siendo encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación informó que México acordó con la CIDH la reinstalación del GIEI para restablecer la asistencia técnica en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.