Nuestro país hace uso sistemático de la Guardia Nacional y otros cuerpos militarizados como aparatos de control, contención y disuasión migratoria.

Las organizaciones resaltaron que las políticas de seguridad pública deben estar a cargo de instituciones civiles y no militares.

Las oenegés pidieron a la Suprema Corte incorporar la perspectiva de género en su revisión del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública

Se han sustituido las instituciones civiles por las militares, a través de una política de austeridad. Al reducir el personal y gasto de las dependencias, la ausencia de mano de obra se volvió evidente.

El Presidente afirmó que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional son instituciones fundamentales para México.

El canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado a atender la piratería y los actos terroristas, incluyendo los ataques a embarcaciones civiles en altamar.

El 26 de junio se cumplieron dos años desde que la CNDH interpuso tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la militarización de la seguridad pública.

En días pasados AMLO señaló que propondrá otra reforma para que la Guardia Nacional pase a las filas del Ejército mexicano con la finalidad de que no se eche a perder como ocurrió con la Policía Federal.

La Constitución y diversos tratados internacionales establecen que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad debe ser extraordinaria, regulada y fiscalizada.

Durante las campañas de 2012 y 2018, AMLO insistió en que el Ejército debía regresar a los cuarteles en un plazo no mayor a seis meses. Al día de hoy, la realidad es muy distinta.