La llamada muerte civil consiste en la inhabilitación de por vida que se impone como castigo a los ex funcionarios que incurran en un acto de corrupción

Un ministro de la Corte admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ya que el organismo manifestó que la “muerte civil” es un castigo desproporcionado

La Ley obliga a los servidores públicos, personas físicas o morales, a presentar su declaración de situación patrimonial y, en caso de que se considere una situación patrimonial ilícita, no se pueda ejercer nuevamente un cargo público.

Las comisiones unidas del Senado aprobaron la iniciativa de "Muerte Civil", impulsada por Movimiento Ciudadano, para destituir e inhabilitar a funcionarios públicos corruptos.