La Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó resolver antes las reformas a la Ley General de Comunicación Social de 2018.

La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional dispone de manera expresa que la suspensión no podrá otorgarse cuando se impugnen normas generales.

Este martes también se dieron a conocer las demandas presentadas por el Congreso de Chihuahua, así como por varios institutos electorales estatales.

Los legisladores se dijeron preocupados “por las últimas decisiones totalmente arbitrarias, que se han dado en la Suprema Corte de Justicia”.

La filtración es un delito, afecta el principio de imparcialidad y viola el Código de Ética del Poder Judicial, señaló la Consejería Jurídica del Ejecutivo.

Los municipios que interpusieron dicho recurso de reclamación son gobernados por partidos políticos de oposición.

La mandataria capitalina expresó que la determinación del ministro Laynez Potisek es inconstitucional por donde se le vea.

Lo anterior, porque la Camara alta tenía un plazo de 5 días para presentarlo y se hizo con la firma del senador Alejandro Armenta, presidente del senado por ser el representante jurídico.

El Presidente argumentó que la Corte no debió admitir la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los legisladores advirtieron que la creación de un sistema nacional electoral viola lo dispuesto en la Constitución.