La administración de Donald Trump pretende subcontratar una compañía privada encargada de rastrear, en México y Centroamérica, a personas deportadas o retornadas voluntariamente que aún adeudan multas migratorias a Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.
“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá pagarlo el propio inmigrante o un tercero.
Más de 400 millones de dólares en multas
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadunidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
CBP calcula que unos 66 mil 387 inmigrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos tienen multas civiles pendientes de pago.
En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) estimaba en julio que existen unos 423 millones de dólares en multas migratorias sin pagar.
El gobierno de Trump reactivó el año pasado el cobro de multas civiles contra inmigrantes por diferentes infracciones de la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de una orden de expulsión.
La sanción diaria por no cumplir una orden de este tipo se fijó originalmente en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés) en 1996 y actualmente asciende a 998 dólares al día tras los ajustes por inflación.
Primera vez que se buscará fuera de las fronteras de EU
El gobierno estadunidense ya utiliza empresas privadas para cobrar este tipo de deudas, pero hasta ahora estas operan desde territorio estadounidense.
CBP mantiene actualmente órdenes de trabajo con tres compañías privadas de cobranza encargadas de recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Patrulla Fronteriza.
Cuando una persona se encuentra fuera de Estados Unidos, estas compañías intentan localizarla mediante cartas o llamadas telefónicas, pero ninguna había conseguido encontrar a un deudor en el extranjero hasta julio pasado, según CBP.
La nueva contratación busca precisamente ampliar esa capacidad fuera de las fronteras estadunidenses y permitir que una empresa localice directamente a los deudores en los países donde residen.
Actualmente, CBP no tiene contratada ninguna compañía de cobranza que opere fuera de Estados Unidos, destacó la agencia.
IOGE