Del maltrato a la prisión: Caso Itze, la mujer que fue encarcelada en lugar de protegida en Tlaxcala

Maricela Itze huyó de la violencia en 2019, pero desde 2021 enfrenta prisión preventiva y 19 acusaciones promovidas por su ex pareja.

La detención de Itze en una audiencia inicial derivó en un proceso que la mantiene encarcelada desde hace casi cinco años. | Especial
Ana Laura Vásquez
Tlaxcala /

Era 26 de abril de 2021 cuando a Maricela Itze 'N', la detuvieron. No llevaba más que una muda de ropa y estaba en una audiencia inicial en la que se discutía su responsabilidad o no sobre el delito de omisión de cuidados, en agravio de de uno de sus dos hijos, del que la acusó Rigoberto 'N', su expareja, de quien ella huyó en 2019 y a quien también denunció por violencia de género.

La aprehensión de Itze 'N' ocurrió así: el juez Rodolfo Méndez, ya fallecido, en ese entonces decidió suspender la audiencia, pero antes de que todos se retiraran, sorpresivamente, la ministerio público le hizo traslado de un documento en el que notificó una ampliación de denuncia con una nueva acusación por presunto delito cometido contra las personas menores de edad que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, promovida también por su expareja.

Doña Maricela Rocha, madre de Itze y su abogado defensor, advirtieron que el juez no debió haber aceptado esa nueva acusación, pero lo hizo y también ordenó en ese mismo momento, su aprehensión y encarcelación al tratarse de un delito con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

“Y ya no, ya no salió. Y hasta ahorita está en juicio por ese delito; o sea, cuatro años después”, dijo doña Maricela.
“Le manifestamos al juez de control que no era posible que a él le hayan formulado un pedimiento de vinculación a proceso o de imputación por unos hechos, y que, el día de la audiencia corran traslado por otros hechos; sin embargo, lo admitió y en ese momento se quedó Itze detenida”, señaló su abogado, Hugo Temoltzin.

Ese 26 de abril de 2021, mientras esposaban a Itze, ella no advertía que estaba a punto de ingresar a un laberinto del que, hasta hoy, no ha podido salir. Lleva casi cinco años presa y hasta la fecha suma 19 denuncias por el mismo número de delitos, todas interpuestas por Rigoberto 'N', su expareja.

En redes sociales, en las calles, en las marchas contra la violencia de género abundan historias de mujeres violentadas por sus parejas y despojadas de sus hijos después de huir del agresor.

El caso de Marisela Itze, en Tlaxcala, es uno más, pero con una característica adicional: el uso del sistema de justicia para encarcelar a mujeres violentadas y mantenerlas así por años. Estas mujeres pasan del maltrato a la prisión.

Hugo Temoltzin, su abogado defensor, explicó que, en 2019, Itze huyó de su casa y denunció la violencia familiar que vivía y en sus declaraciones remarcó que su ex concubino le había dicho que si lo dejaba: o la mataba o la metía a la cárcel.

“Y presentamos un seguro de vida donde su ex concubino la había asegurado a ella por cinco millones de pesos después de que ya se habían separado”, comentó.

No la mató, pero sí la metió a la cárcel. Itze ingresó al Anexo Femenil del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, Tlaxcala, acusada por delitos contra personas menores de edad que no pueden comprender el significado del hecho.

Una vez privada de su libertad, su expareja le imputó más delitos hasta acumular 19; omisión de cuidados, violencia familiar, robo a casa habitación, lesiones, daños a las cosas, falsedad ante la autoridad judicial, abuso de confianza, fraude procesal, incumplimiento de pensión alimenticia, pero el que la mantiene en la cárcel es el delito contra la formación de las personas menores de edad.

El expediente contra Itze está construido con pruebas cuestionables y testimonios ligados a su agresor. | Especial

Los 19 delitos forman un expediente construido a partir de declaraciones contradictorias, pruebas falsas, testigos ligados al agresor y una narrativa judicial que la coloca como victimaria sin considerar el contexto de violencia en el que vivía.

El mismo estado que ignoró sus denuncias previas de violencia ahora señala a esta mujer como delincuente y la mantiene encarcelada.

Su caso encaja en un patrón conocido: mujeres víctimas de violencia que, al defenderse o al sobrevivir, terminan criminalizadas.

Temoltzin lo resume así: “Una pareja que vivía en concubinato. Ella, el día que salió del domicilio conyugal, presentó una denuncia por violencia familiar, pero desde el inicio de la denuncia se dijo que había maltrato psicológico, físico, emocional, económico, se acreditó que la corría en diversas ocasiones, se acreditó que la había asegurado por cinco millones de pesos cuando ya no eran pareja y se puso él como único beneficiario. Se acreditó que él la amenazó de muerte si lo dejaba y si no la metía a la cárcel; y, a pesar de ello y de las múltiples denuncias, nos ha costado mucho que la autoridad juzgue con perspectiva de género”.

En 2022, la organización Comunicación e Información de la Mujer empezó a visibilizar un sistema de justicia que protege a hombres agresores con poder político y económico, y pone a las víctimas en escenarios donde tienen todo para perder.

“Nosotros no estamos luchando contra la ley, estamos luchando contra el dinero, contra el dinero que es lo que se opone”, apuntó la madre de Itze.

Una relación marcada por el control y las amenazas

Maricela Itze nació y creció en Tlaxcala, una entidad donde la violencia de género se vive como una realidad cotidiana, silenciosa y normalizada. Es un estado con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género, desde el año 2021, para sus 60 municipios.

El documento que contiene la Declaratoria indica que el gobierno del estado de Tlaxcala debía adoptar las acciones necesarias para ejecutar las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño con el fin de garantizar a las niñas, adolescentes y mujeres, el derecho a una vida libre de violencia.

En septiembre de 2025, el Gobierno local rindió el sexto informe de las actividades de la declaratoria en el que resume programas sociales, presupuestos y políticas públicas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, sin embargo, estas siguen siendo violentadas.

De acuerdo con la Incidencia Delictiva sobre violencia contra las mujeres, que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a septiembre de 2025, Tlaxcala ocupa el lugar 13 y el tercero en el país, en la tasa de víctimas de feminicidio y secuestro en agravio de mujeres, respectivamente, por cada 100 mil personas de la población femenina.

También se coloca en el lugar 9 entre los 10 estados con mayor tasa de violencia de género por cada 100 mil mujeres.

Aún así, en el sexto informe de las actividades de la declaratoria, al administración que encabeza la gobernadora, Lorena Cuéllar, dice que “ha existido un avance que puede dar cuenta del genuino interés por poner al centro de las políticas públicas los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de Tlaxcala”.

Itze es una de las mujeres que está detrás de esas estadísticas; víctima de violencia de género, pero criminalizada y encarcelada por denunciar y defenderse.

Cuando conoció a su expareja creyó que, por fin, podría formar un hogar estable para los hijos que tanto deseaba tener. Pero pronto llegaron los celos, los insultos, las humillaciones y luego los golpes.

Durante años, vivió bajo dinámicas de control financiero, amenazas de muerte y agresiones físicas.

Itze era maestra de educación preescolar, tenía una plaza magisterial y llevaba 17 años impartiendo clases, hasta que fue obligada por su expareja, Rigoberto 'N', a renunciar a su trabajo con la promesa de que él le pagaría el equivalente al valor de la plaza y con ello podría emprender un negocio.

“Ella mejor se salió de su casa por tanta violencia. Y todo lo perdió, perdió su plaza, perdió su libertad, perdió a sus hijos, perdió todo, perdió esos años en la cárcel”, indicó su madre.
“Él la llevó a la Secretaría de Educación a renunciar a su plaza porque no la dejaba trabajar, no la dejaba salir de su casa y la tenía con veintiséis cámaras, vigilada, dentro de su casa”, agregó.

Aseguró que el caso de Itze no avanza por un aparente tráfico de influencias, remuneraciones económicas y de un sistema de justicia que no juzga con perspectiva de género porque no considera los antecedentes de violencia y sometimiento de las víctimas.

En consecuencia, insistió en que el mismo sistema penal terminó siendo parte estructural de la cadena de violencias que la llevaron y mantienen en la cárcel.

“Es notorio que el escenario jurídico de Itze es injusto”, aseveró su abogado, quien destacó que el sometimiento económico de una mujer a un hombre es uno de los mayores riesgos de violencia familiar.

Tal como ocurrió con Itze, que dejó de trabajar por inducción de su ex concubino, quien después la metió a la cárcel y le imputó 19 delitos entre ellos el de incumplimiento de pensión alimenticia que reclamaba para sus dos hijos, pese a que ella ya no tenía trabajo y está privada de su libertad.

“La autoridad está obligada a juzgar con perspectiva de género”, asentó el abogado defensor.

La pérdida más cruel

Separarse de un hombre con poder político y económico tiene un costo altísimo para muchas mujeres en México. Y en el caso de Marisela Itze, el costo fue ser despojada de sus hijos, ver truncado su proyecto de vida personal y profesional, y también perder su libertad.

Su único delito fue haber denunciado la violencia que vivía dentro de su casa, ejercida por su expareja, Rigoberto N.

El 10 de mayo de 2019 Maricela tomó la decisión más dura de su vida: huir de su casa solo con lo puesto y proteger a sus hijos. Pero ese día no solo se escapó del maltrato físico y psicológico; pensaba que, con su huida, había acabado la violencia en su contra; y en realidad ahí comenzaba otro calvario, el judicial.

No bastó con encarcelarla. En prisión, Itze fue despojada de lo que más amaba: sus dos hijos. Su expareja, el mismo agresor que durante años la violentó, logró obtener la custodia después de que era de ella.

Lo que siguió es lo que especialistas en derechos humanos han llamado violencia vicaria, una forma extrema de violencia que utiliza a los hijos como herramientas de castigo hacia la madre.

Itze no ha vuelto a ver a sus hijos, no ha podido hablar con ellos, hasta la fecha no sabe cómo han crecido, qué les gusta, qué temen, qué sueñan. La maternidad, que era su refugio, se convirtió en la herida más profunda.

Pero desde su celda ha encontrado una forma de inspirarse para ellos, y confía en que cuando recupere su libertad y los vuelva a ver, pueda demostrarles que siempre los ha tenido presentes.

Maricela Itze realiza cartas a sus hijos desde la cárcel. | Especial

En el pequeño cubículo de muros fríos donde pasa sus días, dentro del penal, escribe cartas que nunca llegan a su destinatario; además, traza y guarda dibujos sobre experiencias que ella imagina que podrían haber hecho juntos.

“Mis amores. Nunca olvidaré aquel día de abril de 2020 en que los separaron de mis brazos, el último día que los vi, el día que el dolor y la injusticia tocó mi puerta. El peor día de mi vida, ese día inició esta batalla, esta lucha constante de la que no he podido salir”, cita una de las cartas.
“Me arrebataron lo que más quería, me quitaron mi libertad, me separaron de mi madre, me metieron a prisión, y son heridas que tal vez pueda cerrar en el debido momento, no así olvidar. El tiempo no perdona, más el tiempo pasa volando”.

La historia de esta mujer, en Tlaxcala, es la historia de miles de mujeres mexicanas: criminalizadas por un sistema que no entiende la violencia de género, hijas de un país que todavía castiga a las mujeres por no ajustarse al orden patriarcal y de violencia.

La defensa legal de Maricela Itze busca que su caso sea juzgado bajo la metodología de análisis con perspectiva de género, como ordenan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en casos de mujeres criminalizadas y consideradas culpables por denunciar y sobrevivir a la violencia.

El caso revela algo más profundo, que México sigue fallando a las mujeres antes, durante y después de la violencia y que la justicia no solo no llega, sino que, a menudo, llega convertida en castigo.

Itze continúa en la cárcel y en espera de enfrentar el juicio por el delito que la mantiene allí; mientras, continúa escribiendo cartas a sus hijos deseando recuperar su libertad y volver a verlos.

“Sé que saldré con la frente en alto, poco a poco se van resolviendo estos procesos. La verdad va saliendo y la luz está llegando”. “La verdad tarde o temprano se sabe, y sé que pronto saldré de este lugar con la frente en alto, hijitos. Y ustedes sabrán siempre la verdad”, se lee en una de las cartas.
“Mis amores, sé que papá Dios está siempre con nosotros. Pronto estaremos juntos otra vez, los amo con todo mi ser”. “Los amo montones y montones”.
“Atentamente: Mamá”.

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