Alejandro Arias Ávila, diputado local del PRI, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada del Estado de Guanajuato para fortalecer la supervisión de las empresas de seguridad privada y prevenir posibles riesgos de infiltración de la delincuencia organizada.
El legislador indicó que la seguridad privada constituye una actividad auxiliar de la seguridad pública, por lo que su prestación requiere condiciones adecuadas de legalidad y confiabilidad. En ese sentido, advirtió que la posible infiltración de grupos criminales en ese sector representa un riesgo para la protección de personas, bienes e instalaciones.
"También que en conjuntos habitacionales en los que los colonos contratan servicios de seguridad privada, en ocasiones se presentan altos actos delictivos que ponen bajo sospecha a los elementos de seguridad privada. Las investigaciones y la información difundida sobre estos acontecimientos han señalado posibles vínculos entre personas relacionadas con estos servicios y organizaciones delictivas. Situación que nos obliga a revisar si contamos con las disposiciones normativas necesarias para prevenir estos riesgos", dijo.
Refirió a los hechos violentos registrados en espacios deportivos de Guanajuato sobre posibles vínculos entre personas relacionadas con empresas de seguridad privada y organizaciones criminales, por lo que tras esos antecedentes, era necesario fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión, sin asumir que la totalidad de las empresas del sector incurre en prácticas ilícitas.
"Se propone integrar y mantener actualizada una base de datos sobre las solicitudes de empleo y contrataciones de personas que hayan pertenecido a instituciones de seguridad pública estatales o municipales. Esta herramienta permitirá a la autoridad dar seguimiento a las contrataciones y contar con información para valorar posibles riesgos, en especial cuando existan antecedentes que ameriten una revisión adicional", argumentó.
Con esta iniciativa, se pretenden establecer mecanismos de información que apoyen las tareas de prevención del delito y seguridad pública relacionadas con estos servicios; integrar y mantener actualizada una base de datos sobre hechos delictivos ocurridos durante la prestación de servicios de seguridad privada o en los que se vean involucrados sus prestadores.