Por segunda ocasión, se presentó una iniciativa en Guanajuato para sancionar penalmente al que dolosamente realice una llamada dando aviso de una emergencia falsa, hasta con dos años de prisión.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, impulsor de esta iniciativa, señaló que de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2025 del INEGI, en Guanajuato se han contabilizado más de 4 millones de llamadas, siendo el 71% improcedentes del total recibido—, ubicando a la entidad en los primeros puestos a nivel nacional por este tipo de prácticas, superada únicamente por estados como el Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México.
"Se propone reformar el código penal del estado de Guanajuato para sancionar penalmente estas conductas con penas de 2 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días de multa a quien realice llamadas falsas al 911 o utilice medios de comunicación masiva para dar avisos de emergencia falsos que movilicen a los servicios de rescate y seguridad", dijo.
Afirmó, que incluso para organizaciones criminales, las llamadas falsas son un instrumento para manipular el despliegue de las fuerzas del orden, ya que mediante el reporte de incidentes ficticios de alto impacto (supuestos enfrentamientos, rescates o accidentes graves en zonas geográficamente opuestas), los delincuentes provocan el traslado masivo y urgente de patrullas, ambulancias y personal de auxilio, o buscan saturar las líneas telefónicas.
"En León, el entonces secretario de seguridad municipal, Mario Bravo Arrona, señaló que esto ocurría frecuentemente en el 911, problemática compartida en Silao, Salamanca y otros municipios. En Celaya, de enero a agosto de 2023, se detectaron cinco ataques donde grupos delictivos usaron a personas vulnerables para realizar llamadas falsas y emboscar a la policía", puntualizó.
El legislador resaltó que clasificar y sancionar esas conductas resulta tanto urgente como indispensable, ya que se debe dotar a las instituciones de herramientas jurídicas efectivas para inhibir el mal uso de las redes de auxilio y garantizar que el derecho de la ciudadanía a recibir atención oportuna no sea vulnerado.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Esta iniciativa fue propuesta en primera instancia por el Grupo Parlamentario del Partido Verde el 20 de abril del 2023, el cual, de igual forma, fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen, sin embargo, hasta la fecha, no se le ha dado el proceso para su avance.