Con el objetivo de fortalecer a la Policía Municipal como primer respondiente, este jueves Alejandro Arias, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para que los elementos puedan recibir denuncias y participar en la investigación del delito.
Si bien reconoció que los cuerpos policiales del orden municipal no cuentan actualmente con la preparación, estructura y capacidad para realizar actos de investigación, señaló que ello no debe ser obstáculo ni pretexto para que se dé cumplimiento al mandato de la Ley General.
Por el contrario, consideró que los municipios deben iniciar la inversión necesaria para contar con una policía con capacidades de investigación, pues es lo mínimo que la ciudadanía merece ante la alta incidencia de hechos considerados como delitos.
"Así, al otorgarse en la ley general a los cuerpos policiales municipales las nuevas funciones de investigación y recepción de denuncias, conlleva a su capacitación y la inversión en equipamiento con estás facultades y con elementos policiales más preparados, la investigación inicial donde se forma la carpeta de investigación, será en un futuro un conjunto de actos que producirán mayor evidencia para abati los índices de impunidad", dijo.
El legislador refirió que se requiere que la policía, en las tres esferas de gobierno, cuente con un conocimiento técnico que le permita coadyuvar de manera eficiente en la investigación dentro del procedimiento penal y, sobre todo, que pueda resguardar como primer respondiente los objetos materiales sensibles que permitan reconstruir el hecho presuntamente constitutivo de delito, lo que puede dar mayor fortaleza al proceso.
Explicó que, en la actividad de investigación, la policía debe asumir un papel protagónico en el resguardo y protección de indicios y evidencias, con la intención de conservarlos y evitar que se rompa la cadena de custodia que permite reconstruir el hecho delictivo.
De esta manera, la función de la policía en tareas de investigación del delito cobra relevancia en el sistema penal acusatorio, en el que debe contar con conocimientos técnicos y protocolos de actuación que garanticen derechos y eviten arbitrariedades.