En Jalisco, donde el exceso de peso es ya la condición corporal predominante en la población adulta, la ciudad sigue organizada a partir de un estándar corporal que no coincide con la mayoría de los cuerpos que la habitan. No es una exageración.
MILENIO fue testigo de que se percibe en la altura de los escalones del transporte público, en el ancho de los asientos, en la resistencia de las estructuras pensadas para sentarse, en las camillas hospitalarias que no siempre soportan a quienes llegan a urgencias. La exclusión rara vez se anuncia. Se manifiesta en medidas, en materiales, en dispositivos que no alcanzan.
Los datos ayudan a dimensionar ese desfase. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020–2023, presentada en agosto de 2024, reportó una prevalencia de obesidad de 37.1 por ciento en la población adulta. La cifra confirma que el sobrepeso está muy presente en el territorio mexicano.
En niñas, niños y adolescentes, los resultados más recientes de la ENSANUT 2022–2023 muestran cifras elevadas desde edades tempranas, con un aumento marcado en la adolescencia. La estadística describe una realidad extendida, pero no garantiza que el espacio la reconozca.
Esa distancia entre los cuerpos y el entorno tiene consecuencias inmediatas. Personas que calculan dónde sentarse, que ajustan su postura para ocupar menos espacio, que enfrentan dificultades para trasladarse con seguridad o reciben atención médica condicionada por el diseño del equipamiento.
También en espacios recreativos, cines, restaurantes o bares, el cuerpo aprende a negociar su presencia, a prolongar la incomodidad, a colocarse de lado, a mantenerse de pie más tiempo del deseado. No hay un letrero que expulse, pero sí condiciones materiales que vuelven más difícil el uso pleno del entorno. La pregunta entonces sube de nivel. ¿Para quién están pensados los lugares que organizan la vida cotidiana?
Ese cuestionamiento atraviesa disciplinas distintas y converge en un diagnóstico compartido: ni Guadalajara ni ninguna otra ciudad en Jalisco están preparadas para atender la diversidad corporal de su población.
'El usuario promedio' es irreal en la urbe
En el diseño industrial y urbano persiste una figura que rara vez se cuestiona: el “usuario promedio”. Un cuerpo abstracto, reducido a tablas antropométricas y percentiles, que sirve para definir la altura de un escalón, el ancho de un asiento o la resistencia de una superficie. Luis Enrique Flores Flores, coordinador de la Licenciatura en Diseño del ITESO, lo explica: “Es una construcción estadística que se usa como si fuera real. Pero no lo es”.
Las tablas antropométricas funcionan cuando se aplican a poblaciones con rangos corporales relativamente homogéneos. México no entra en esa categoría. Su historia anatómica es el resultado de un mestizaje profundo que produjo una enorme variabilidad en estatura, proporciones y complexión. Reducir esa diversidad a un solo estándar implica partir de una ficción que luego se materializa en objetos y espacios.
Esa ficción se refuerza con la importación de parámetros. Cuando el diseño habla de cuerpo promedio, en realidad se refiere a modelos pensados para poblaciones de otras partes del mundo y aplicados sin ajuste. “No es que alguien quede fuera por accidente. Es que el objeto nunca fue pensado para ese cuerpo”, explica Flores. La adaptación forzada se normaliza y la exclusión se vuelve cotidiana, tan cotidiana que deja de nombrarse como tal y se disfraza de incomodidad.
El quiebre se observa con claridad en el transporte público. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la normativa permite escalones de hasta 35 centímetros. Para algunas personas es una molestia; para otras, un riesgo real. En otros contextos, como Colombia, ese límite es menor, bajo el reconocimiento de que un escalón demasiado alto deja de ser un detalle técnico y se convierte en una barrera.
En la producción masiva, explica Flores, se trabaja con percentiles para definir extremos. Ese esquema puede funcionar en industrias como la ropa, donde hay tallas y margen de elección, pero no en movilidad o equipamiento urbano, donde nadie puede solicitar un asiento más ancho o una unidad más baja. “No existe una medida universal”, advierte. Pensar que la hay produce objetos inseguros.
A esto se suma una lógica histórica. Desde la Revolución Industrial, el diseño prioriza la producción en serie. El cuerpo entra a la ecuación como dato, no como sujeto. Se espera que se adapte al objeto, cuando la ergonomía plantea lo contrario. Las diferencias antropométricas lo evidencian. Diez centímetros de estatura promedio entre países cambian por completo la lógica de un asiento o un escalón.
La alternativa, insiste Flores, no es teórica. Existen sistemas de ajuste y diseño adaptable que permiten considerar la variabilidad humana desde el inicio. Ahí se juega la dimensión ética del diseño. Hay que decidir si los objetos abren o cierran el acceso a la vida cotidiana.
Salud con medidas excluyentes
El sistema de salud muestra la versión más dura de esa decisión. La infraestructura médica también excluye, aunque no lo diga. Ocurre cuando una camilla tiene un límite de peso que deja fuera a una parte de la población, cuando un baumanómetro no alcanza a rodear un brazo o cuando un estudio de gabinete no puede realizarse porque el equipo no fue concebido para cuerpos grandes. En el sistema público de salud, esa exclusión no es extraordinaria.
Gabriela Paola Romero González, profesora del Departamento de Clínicas de la Universidad de Guadalajara, lo plantea de forma concreta. Los hospitales públicos no están preparados para atender la diversidad corporal.
La mayoría cuenta con camillas estandarizadas que soportan entre 130 y 150 kilos. Para pacientes que superan ese peso, no existe infraestructura adecuada. Incluso maniobras básicas, como trasladar o movilizar a una persona, implican riesgos que no provienen de la condición del paciente, sino del equipamiento disponible.
La falta de instrumentos adecuados también afecta la calidad de la atención. Mediciones clínicas como la presión arterial pueden perder precisión cuando el brazalete no corresponde al tamaño del brazo, lo que conduce a diagnósticos erróneos y tratamientos innecesarios. En esas condiciones, tampoco es posible solicitar o interpretar con fiabilidad otros estudios que permitirían un abordaje integral.
La discriminación médica no siempre se expresa en palabras. Aparece en experiencias que generan humillación. Romero González menciona casos en los que personas con más de 150 kilos deben ser trasladadas fuera del hospital para realizarse una tomografía, porque el único equipo que soporta ese peso se encuentra en el zoológico. El procedimiento médico se convierte así en una experiencia estigmatizante, no por la enfermedad, sino por el recorrido que impone tener acceso a esa infraestructura.
Detrás de esto hay una lógica presupuestal. Equipar hospitales para atender cuerpos diversos implica costos, y la solución más común ha sido adquirir productos estandarizados pensados para un cuerpo promedio. Por eso, la infraestructura adecuada suele concentrarse en servicios especializados, mientras el resto del sistema sigue tratando la diversidad corporal como una excepción.
Las consecuencias van más allá de la consulta. Las experiencias previas de maltrato o exclusión provocan que muchas personas retrasen o eviten la atención médica, lo que incrementa los riesgos clínicos. La obesidad, recuerda Romero González, es una enfermedad silenciosa asociada a procesos inflamatorios que afectan distintos sistemas del cuerpo.
Sin atención temprana, los riesgos cardiovasculares aumentan. Para pacientes con obesidad severa, añade, la atención no puede limitarse a parámetros físicos. Se requiere un abordaje integral que incluya acompañamiento psicológico. Sin él, muchas personas permanecen sin lograr cambios sostenidos en su salud.
Los derechos tienen que ser unitalla
Laura Contrera, abogada, investigadora argentina y referente de la diversidad corporal, lo formula como un asunto de derechos: “Si el espacio no contempla cuerpos diversos, el derecho no se ejerce”. Para ella, la exclusión no se reduce al rechazo social, sino que se expresa en la vulneración sistemática de derechos en transporte público, educación, empleo y servicios de salud, todos diseñados para un cuerpo único, normado. No hay prohibiciones explícitas, pero el mensaje se entiende.
Contrera advierte que la expresión más grave de esta situación aparece en el sistema de salud. La patologización de la gordura no solo estigmatiza, también expulsa. Las personas entonces retrasan o evitan consultas por miedo a la humillación, llegan tarde al diagnóstico y asumen riesgos innecesarios. Combatir la discriminación sin modificar las condiciones materiales, insiste, es insuficiente. La despatologización no es un debate académico, sino una condición para diseñar políticas públicas e infraestructura desde un enfoque de derechos.
Esa lectura coincide con la experiencia de Érika Bülle Hernández, artista visual y activista por la diversidad corporal en México. Para ella, la discriminación se hace evidente en los servicios públicos, donde el diseño deja fuera a quien no responde al estándar corporal dominante. En consultorios de todo el país se repiten escenas similares. Padecimientos reducidos al peso, instrumentos que no se ajustan al cuerpo, mediciones imprecisas, equipamiento inadecuado. Si la salud fuera realmente la prioridad, señala, existirían herramientas para medirla correctamente.
Bülle extiende el argumento al transporte público, con espacios reducidos y trayectos que se vuelven experiencias de molestia permanente, y a otros ámbitos básicos. La dificultad para encontrar ropa interior o vestimenta de talla grande vulnera la dignidad cotidiana. En la atención gineco obstétrica, mujeres gordas enfrentan regaños, culpabilización y trato punitivo en momentos críticos como el parto. En México, subraya, la discriminación por gordura aún no se traduce en políticas públicas ni lineamientos claros para el diseño de servicios incluyentes, pese a su reconocimiento en estadísticas oficiales.
La investigación académica refuerza ese mapa. Dana Esmeralda Valle Galindo, doctora en Investigación Psicológica por el ITESO, estudia las implicaciones del estigma de peso en la vida cotidiana. El problema, señala, se aborda como una falla individual cuando en realidad se produce y reproduce en los espacios y las prácticas institucionales. El estigma no vive solo en los comentarios, sino en los objetos y dispositivos que anticipan el rechazo y trasladan la responsabilidad al individuo.
Desde su práctica clínica, Valle Galindo observa cómo muchas personas evitan viajar o participar en actividades sociales por miedo a no encajar físicamente. Las políticas públicas, advierte, siguen concentrándose en mensajes individuales, mientras dejan de lado el diseño del entorno y los sesgos en la atención médica. Incorporar la diversidad corporal en los discursos es importante, pero insuficiente si no se modifican las condiciones materiales. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 ubicó el peso y la estatura entre las principales causas de discriminación en México, con efectos en ámbitos laborales, educativos, de salud y de servicios.
Desde el derecho, esta exclusión puede configurarse como discriminación estructural. José de Jesús Becerra Ramírez, profesor investigador en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, sostiene que la falta de infraestructura adecuada no es un asunto de incomodidad, sino una vulneración a derechos constitucionales interdependientes como la igualdad, la dignidad y la salud. Si un espacio no puede ser usado, no se requiere un acto explícito de rechazo para que exista discriminación.
Becerra advierte que, cuando el Estado conoce las características corporales de su población a través de censos y estadísticas, tiene la obligación de considerarlas en el diseño de políticas públicas y servicios. No se trata de transformaciones inmediatas, sino de cumplir con el principio de progresividad. Aunque la gordofobia no esté tipificada de manera explícita, los derechos a la no discriminación y a la salud ya están reconocidos. El problema no es la falta de normas, sino su incumplimiento.
La responsabilidad, subraya el experto, no recae solo en el Estado. Involucra también a la sociedad, al sector privado, a las instituciones educativas, a los medios y a las familias. La discriminación se reproduce tanto en la infraestructura como en los discursos y los silencios.
Al final, el hilo conductor no es retórico. Es práctico. Cuando una persona no puede usar el espacio público en condiciones equivalentes, asegura, el problema no es su cuerpo. Es el entorno. Cuando ese entorno rechaza de manera sistemática, el derecho deja de ser una palabra constitucional para convertirse en una experiencia negada.
JVO