Luego de que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, impugnó la sentencia que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) emitió contra el Padre Pistolas, la dirigencia Estatal del PAN dejó claro que no se busca ninguna confrontación, pero sí exigió respeto y diálogo.
Juana de la Cruz Martínez Andrade, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, dejó claro: “Nuestro respeto a la Iglesia, a las instituciones religiosas y a la libertad religiosa es absoluto. Este es un asunto relacionado con expresiones concretas de una persona y existe ya una resolución de la autoridad electoral”.
Y continúo:
“Respaldamos el derecho de la gobernadora Libia Dennise, como el de cualquier mujer, a defenderse por las vías institucionales. La libertad de expresión es un derecho; las amenazas y la violencia no. No queremos confrontaciones: queremos respeto y diálogo”.
MILENIO publicó este lunes, que la mandataria estatal impugnó la sentencia emitida al sacerdote J. Jesús Gallegos Lara mejor conocido como ‘Padre Pistolas’, tras concluir que cometió violencia política en razón de género.
La gobernadora solicita que también se declare la existencia de violencia política por tres hechos más, donde el sacerdote realiza otras expresiones difundidas en Facebook a través de tres videos; pese a que fueron presentados no fueron considerados como pruebas en los alegatos. Ahora se turnó a la sala Regional de Monterrey.
Ante ello la dirigente estatal del PRI en Guanajuato, Ruth Tiscareño Agoitia, consideró que deben agotarse todas las instancias en el caso del Padre Pistolas y señaló que, ante las manifestaciones realizadas contra las mujeres, el sacerdote “ya se debe de retirar”.
“Yo creo que sí se tienen que agotar todas las instancias. No sé qué castigo pudieran imponerle, pero sí se necesita revisar por la Secretaría de Gobernación, como en este caso lo pide el tribunal”, indicó Tiscareño.
Destacó que aunque el tribunal determinó diversas medidas, el procedimiento no está completamente agotado debido a que también dio vista a la Secretaría de Gobernación para que determine las consecuencias que correspondan por tratarse de un ministro de culto.
“Y yo creo que con las manifestaciones tan preocupantes en contra de las mujeres, creo que sí el padre ya se debe de retirar”, explicó.
La priista explicó que esta parte deberá ser analizada de manera independiente por la dependencia federal, al existir un régimen específico para los ministros de culto respecto a su participación en asuntos políticos.
“Yo entiendo a la gobernadora, el de poder, que se tomen en cuenta esos dos siguientes actos para que quede constancia de la violencia que ejerce este Padre Pistolas en contra de la gobernadora”, señaló.
Por su parte, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, señaló que la gobernadora está en su derecho de ampliar la denuncia y presentar otros hechos relacionados con el Padre Pistolas.
“Está en su derecho. Es una manera también de visibilizar una actuación que ya el tribunal se ha pronunciado que fue violencia política de género. Entonces, pues, bueno, ella está en su derecho”, dijo.
Aunque Rocha Aguilar aclaró que no conocía a fondo todos los elementos de la denuncia, sí consideró que las expresiones que fueron materia del procedimiento rebasaron los límites de la libertad de expresión.
“Yo desconozco el fondo del tema. Solo sé que hubo unas expresiones que rebasaron los límites de la libertad de expresión y también, sirve de antecedente para futuros casos para que se visibilice y se sancione”, indicó.
La dirigente estatal del PVEM, Virginia Magaña Fonseca, evitó pronunciarse a favor de la impugnación presentada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en el caso del Padre Pistolas y señaló que la controversia debe permanecer en manos de las autoridades competentes.
Magaña Fonseca dijo que cualquier opinión o juicio externo estaría fuera del ámbito de la autoridad encargada de resolver el caso y llamó a respetar la decisión de las instituciones.
“Yo diría que está en las manos de la autoridad competente que atiende este tipo de denuncias y más bien hay que seguirle dejando a esa autoridad. Creo que cualquier opinión o juicio que cualquiera pueda dar está fuera del marco de la autoridad competente, yo respeto la decisión de la autoridad y sigamos creyendo en nuestras instituciones”, concluyó.