Un Audi plateado, modelo 2014, circula sin placas por las calles. En el parabrisas, una hoja de papel pegada con cinta le permite moverse con aparente libertad: se trata de un permiso expedido por el Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, que costó apenas 100 pesos. El Audi ni siquiera tuvo que llegar al municipio para obtenerlo.
El documento lleva la firma del presidente municipal, Eder Nájera, y de la directora de Tránsito, Elsa López Mora. Incluye código QR y folio; al consultarlo en la plataforma oficial, aparece como completamente legal, cumplió sus 30 días reglamentarios y venció en diciembre pasado.
El permiso provisional por emplacamiento se promociona como cualquier otro producto y deja en evidencia que el mercado digital de autorizaciones para circular sin placas persiste; un ecosistema conformado por cientos de intermediarios, gestores o “coyotes”, con acceso a los sistemas de tránsito municipal, capaces de tramitar folios a distancia y venderlos en Facebook Marketplace, WhatsApp o Mercado Libre.
Y pese a los esfuerzos gubernamentales para detener estas prácticas, amparados en su autonomía para regular el tránsito, decenas de ayuntamientos —principalmente en Guerrero— se han convertido en proveedores nacionales de permisos “por trámite de emplacamiento”, mientras los conductores aprovechan esa grieta para evadir el pago de tenencias correspondientes en otras entidades.
Trámite de 15 minutos
En redes abundan las ofertas de permisos digitales “100 por ciento reales”, con QR verificable y certificado de autenticidad. El precio oscila entre 75 y 500 pesos, dependiendo del trámite y de la localidad. Los vendedores prometen entrega en 15 minutos, pago contra verificación y vigencia de treinta días.
MILENIO contactó a varios de estos gestores. Las conversaciones revelan un sistema informal pero altamente estructurado para la expedición de permisos digitales de circulación. El trámite se ofrece como un servicio exprés: basta con enviar los datos del vehículo y del conductor —marca, modelo, año, color, número de serie y motor— junto con el estado de procedencia y los datos personales del propietario.
Tras verificar la información, el pago se realiza por depósito en Oxxo o transferencia bancaria, y el permiso llega en formato PDF minutos después. La gestora incluso sugiere enviar una foto de la factura para agilizar el proceso, lo que confirma que el trámite se ha simplificado al extremo, sin verificación física ni validación territorial. El resultado: un permiso para circular sin placas por 30 días emitido por el municipio de Copalillo, Guerrero.
Más allá de la eficiencia de call center, se ofrecen documentos de Guerrero por 100 pesos y de Ciudad de México o Estado de México por 180, todos con supuesta validez nacional. Incluso se promocionan permisos para transporte de carga con vigencia de seis meses. Sin embargo, cuando el usuario pregunta si puede circular en Ciudad de México con uno de estos permisos, la gestora evita una respuesta directa.
Esa omisión revela lo que los gestores ya saben: el permiso puede funcionar como paliativo, pero si el conductor es detenido por una autoridad que conoce la normativa, el resultado puede ser el corralón.
Los anuncios replican un mismo discurso comercial: “Pagas hasta revisar su autenticidad”, dicen unos. “Evita el corralón hoy mismo”, advierten otros. El lenguaje es el de la venta directa: emojis, promociones y la promesa de seguridad inmediata. El trámite se reduce a un mensaje de WhatsApp y un depósito bancario.
El permiso llega en PDF, con sello oficial y QR que, al ser escaneado en un retén, arroja la palabra “vigente”. Mientras el código responda, el conductor circula.
Guerrero, fábrica de permisos
Municipios con baja recaudación de Guerrero, como Alcozauca, Malinaltepec, Huitzuco, Tlapa, Copalillo o Buenavista de Cuéllar -solo por mencionar los más visibles- han encontrado en la expedición de permisos provisionales una “mina de oro” digital.
La grieta legal que sostiene este mercado se basa en dos pilares: la autonomía municipal, reconocida en el artículo 115 constitucional, y la “fe pública” que obliga a reconocer actos oficiales entre estados.
En el caso de Guerrero, la Ley de Transporte en su artículo 28 permite a los municipios emitir permisos temporales con un trámite exprés, sin verificar el vehículo ni la residencia real. Así, la ley estatal se convierte en el motor de una industria que prioriza la velocidad sobre la legalidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó esta controversia en 2022. La Primera Sala resolvió que los municipios sí tienen facultad para otorgar permisos provisionales de circulación. El fallo dejó a cientos de gestores dedicados a tramitar permisos guerrerenses en todo el país.
Hacia septiembre del año pasado, la gobernadora Evelyn Salgado ofreció regularizar esta expedición de permisos para evitar el robo de vehículos; “creemos que con este tipo de acciones también vamos a ayudar a estos estados como es el estado de Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México, para que ya no existan estos permisos irregulares expedidos por algún municipio del estado de Guerrero”, dijo en su momento. Sin embargo, nada ha cambiado.
El negocio está digitalizado y optimizado. Los intermediarios gestionan los permisos en masa, los municipios los expiden electrónicamente y el usuario final recibe un archivo que, al escanearse, aparece como válido.
Algunos documentos declaran validez nacional, pero en realidad su reconocimiento depende de la autoridad que detenga al vehículo y la interpretación del policía de tránsito. Cada entidad cuenta con una normativa diferente, que exige emplacamiento local si el propietario reside allí. Incluso entidades como Morelos o la Ciudad de México, ya han optado por detener a vehículos con placas de papel.
El caso del Audi en Huitzuco demuestra que no se trata solo de permisos baratos, sino de un sistema manipulado desde dentro. Que un folio vencido siga activo en la plataforma oficial apunta a complicidad interna y a un mercado que no se limita a la informalidad ciudadana, sino que involucra a funcionarios locales. Mientras el código arroje “válido”, el conductor circulará.
Desde permisos hasta licencias, sin filas y en línea
¿Quiere circular en la Ciudad de México o Estado de México? El permiso provisional para autos y motos cuesta apenas 180 pesos, con vigencia de 30 días y la promesa de ser “válido en toda la república”. ¿Prefiere ahorrar? El permiso guerrerense es la opción low cost: 100 pesos por la misma vigencia y el mismo discurso de validez nacional.
¿Transporta carga? No se preocupe: por 500 pesos obtiene un permiso de seis meses, válido para camionetas y remolques, anunciado como “apto para todo tipo de carga y en todo el país”.
Pero en esta tienda de WhatsApp el negocio no se limita a permisos provisionales: se expande hacia documentos fiscales y de identidad vehicular. El gestor ofrece, por ejemplo, una licencia de Guerrero por 300 pesos. Y si no cuenta con dirección en el Estado, estos “coyotes” digitales se encargan de asignarle una.
Para los motociclistas que necesitan acreditar la compra de su motocicleta, también se ofrecen “facturas validadas en el SAT” por 450 pesos, así como seguros de vida y contra accidentes.
Sin filas, sin ventanillas, sin mordidas. Todo se presenta como legítimo, inmediato y funcional. El usuario no necesita acudir a ninguna oficina: basta con pagar, enviar los datos del vehículo y recibir el archivo en PDF.
‘Igual te atoran por circular sin placas’
Gestores vehiculares dedicados a la compra y venta de autos confirmaron a MILENIO que la expedición de estos permisos se ha normalizado desde hace por lo menos una década. Reconocen que se trata de un “paliativo”, útil para evitar multas inmediatas, pero que en realidad puede terminar en corralón.
“Los permisos provisionales son para cada entidad; si el permiso es de Veracruz, una entidad no puede emitir para otra”, explica uno de los intermediarios, quien pide reservar su identidad. La práctica, sin embargo, se ha extendido porque los conductores prefieren pagar cien pesos por un documento digital que les permite moverse.
“El permiso es válido en la entidad que lo expide, pero si circulas en otra y te detiene un tránsito que la sepa, te atora por andar sin placas”, añade el gestor.
El negocio también se ha trasladado al mundo de las motocicletas. Los intermediarios aseguran que muchos compradores optan por el permiso provisional para evitar el pago de tenencias y refrendos. Lo que no les explican es que, al momento de emplacar, las autoridades cobrarán todas las contribuciones atrasadas de golpe.
“La gente prefiere pagar 100 pesos para mover sus motos. Lo que no les dicen es que si nada más te la llevas con permiso, no estás pagando las tenencias ni los refrendos, y cuando quieras emplacar van a cobrar todas las atrasadas y completas”, advierte.
El permiso se convierte así en una ilusión de legalidad: un papel que permite circular, pero que no exime de las obligaciones fiscales acumuladas.
“Nada más como algo paliativo, te funciona, compita, pero si te agarra un güey que sepa… es válido y es corralón”, advierte el gestor consultado.
HCM