Jalisco ha aprobado leyes, activado alertas y creado mecanismos para atender la violencia contra las mujeres. En el papel, el marco legal se ha fortalecido durante la última década; sin embargo, en la realidad las desapariciones, los feminicidios y la impunidad marcan la vida de miles de familias. A ello se suman deudas legislativas que siguen pendientes para garantizar la igualdad de género.
“En los últimos años, en Jalisco hemos transitado por una compleja intersección entre avances normativos qe institucionales; pero también, a pesar de esos avances, seguimos observando la persistencia de violencias estructurales que continúan vulnerando los derechos de las mujeres y las niñas”, considera Alejandra Cartagena, vicerrectora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) en México.
El balance, advierte, no puede desligarse de quién ha impulsado los cambios. “El Estado no nos ha regalado nada, ¿no? Hemos sido las mujeres quienes hemos impulsado estos avances y estos esfuerzos legislativos”.
Las reformas, insiste la también académica del ITESO, han sido producto de la presión constante de colectivas, académicas, madres buscadoras y organizaciones feministas que han colocado la violencia en el centro del debate público. Sin embargo, ese impulso no ha sido suficiente para revertir las cifras ni transformar las instituciones.
Cartagena recuerda 2010 como un punto de inflexión. Frente al aumento de asesinatos de mujeres, organizaciones feministas realizaron una intervención simbólica frente a Palacio de Gobierno con la colocación de 81 pares de zapatos que representaban a las víctimas de feminicidio de ese momento.
Hoy el panorama es aún más complejo: mil 820 mujeres permanecen desaparecidas, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco. La cifra es alarmante, pero también lo es el perfil de las mujeres no localizadas: adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años concentran una parte importante de las denuncias.
Sólo son herramientas vacías
Aunque el mecanismo de alerta de violencia contra las mujeres fue una conquista importante, su impacto ha sido limitado. Jalisco mantiene activa esta alerta desde hace 12 años, pero los avances han sido escasos. Los dos grandes ejes —desaparición y feminicidio— continúan siendo la deuda estructural.
En el discurso oficial, la lista de acciones es amplia: órdenes de protección, botones de pánico, puntos violeta, capacitación a funcionarios y protocolos de búsqueda inmediata como ALBA. Pero el problema, sostiene Cartagena, es la falta de evaluación y de articulación entre las instituciones.
Sobre las órdenes de protección, advierte que “se dan a todo el mundo”, cuando su objetivo debería ser prevenir agresiones a partir de un análisis real de riesgo. El botón de pánico tampoco es garantía si no está acompañado de otras medidas de seguridad.
Los puntos violeta —espacios que supuestamente ofrecen resguardo inmediato a mujeres en riesgo— tampoco cuentan con información pública clara. No se sabe con precisión cuántos operan, cómo funcionan ni cuál es su impacto.
“El mecanismo de la alerta podemos discutir”, señala. El problema, explica, no radica en su diseño, sino en su ejecución. La capacitación, agrega, de poco sirve si no existen mecanismos que midan su efectividad. Sin evaluación, la política pública se convierte en una declaración.
El marco jurídico también se ha ampliado en los últimos años. La violencia digital, por ejemplo, es un fenómeno que hace una década apenas comenzaba a discutirse. Jalisco cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con tipos penales específicos y reformas constantes; sin embargo, la distancia entre la norma y la realidad sigue siendo profunda. “La prevención no existe; la atención no ha sido realmente transversal”.
El acceso a la justicia continúa siendo el principal cuello de botella. De acuerdo con la activista, de cada diez llamadas que se realizan al número de emergencias 911, sólo cinco terminan en una denuncia y, de ellas, apenas una alcanza sentencia.
La estadística revela un sistema que deja a la mayoría de las víctimas fuera del ámbito judicial. Una impunidad que se traduce en miedo, desconfianza y revictimización.
Colectivos han denunciado que todavía se les pide esperar 48 horas para denunciar desapariciones, pese a que el protocolo establece la búsqueda inmediata.
Cartagena evoca casos que se han convertido en símbolos de esa deuda institucional: mujeres asesinadas pese a contar con órdenes de protección; jóvenes cuyos agresores identificados siguen prófugos; madres que protestan frente a Casa Jalisco sin obtener una respuesta efectiva.
“La modificación de las formas, de la normativa, perdón, no transforma de tajo las instituciones; tenemos que transformar las instituciones y tenemos que exigir instituciones dignas”, expresa.
Recursos son insuficientes
El discurso presupuestal tampoco escapa al escrutinio, pues el aumento de recursos ha sido mínimo frente al impacto de la inflación.
Para la representante de Cladem en México, el principio es claro: “el presupuesto debe de ser a la medida de la problemática”.
En un estado con altos índices de feminicidio y desapariciones, los recursos destinados a prevención, refugios, centros de justicia y fiscalías especializadas —que Jalisco aún no tiene— resultan insuficientes.
El incremento de la nómina tampoco es sinónimo de fortalecimiento institucional si no existen perfiles adecuados ni mecanismos de evaluación del desempeño.
A ello se suma la dimensión del trabajo de las madres buscadoras, quienes recorren terrenos, barrancos y predios en busca de sus familiares ante la incapacidad del Estado para localizarlos.
Frente a este panorama, la activista no apuesta únicamente por nuevas reformas. La prioridad, sostiene, es hacer efectiva la legislación vigente y garantizar presupuestos claros.
“Etiquetados, progresivos, multianuales para la prevención y acceso a la justicia, con mecanismos de transparencia, evaluación y revisión de cuentas”.
Tampoco hay rendición de cuentas: la ley pierde fuerza
En materia de política pública identifica dos ejes urgentes: educación y transformación cultural. Incorporar en la currícula escolar la igualdad y desmontar los patrones socioculturales que perpetúan la discriminación.
El balance general, admite, puede calificarse como “negativo”; pero hay un elemento que permanece: la presión feminista que no ha cedido.
“Somos las mujeres quienes seguimos interpelando al Estado, quienes seguimos exigiendo”.
Deudas legislativas
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso de Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, reconoce las deudas legislativas con las mujeres: fiscalías sin aprobar, protocolos sin aplicar y brechas salariales que persisten.
La diputada señala que durante su gestión ha presentado 57 iniciativas, entre ellas la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, la legislación de “trabajo igual, salario igual”, el protocolo para atender la interrupción legal del embarazo y la tipificación de la violencia vicaria.
Se trata de temas que, pese a su urgencia, no han logrado consolidarse plenamente.
Sobre el aborto —que en Jalisco ya está despenalizado— el problema, advierte, no es jurídico sino operativo.
“Lo que no tenemos es, efectivamente, el desarrollo de una política pública para que las mujeres accedan de manera gratuita y libre al mismo”.
Por ello, explica, propuso un protocolo específico que garantice el acceso real al servicio, ante el desconocimiento y el temor que aún enfrentan muchas mujeres.
Respecto a la violencia vicaria, el panorama es más político que técnico. La iniciativa sigue en discusión.
El argumento es claro: “lo que nos importa mucho es el interés superior de la niñez”. Sin embargo, el consenso todavía no se alcanza.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres también permanece en pausa.
“Porque no se ha aprobado la fiscalía antitortura; entonces todavía estamos ahí en ese pendiente”, reconoce.
En materia laboral, la brecha es tangible. En Jalisco, las mujeres reciben 15 por ciento menos salario que los hombres por el mismo trabajo.
A ello se suma la precarización laboral. “Están expensas a trabajos peor pagados, a la inseguridad laboral y a las horas extras sin que se les pregunte de antemano si pueden hacerlo”.
Ochoa Ávalos sostiene que los avances de las últimas dos décadas no son menores. La creación de comisiones de igualdad y género en los congresos locales del país ha permitido impulsar diversas reformas legislativas.
Cita como ejemplo la tipificación de la violencia política de género y la despenalización del aborto en varias entidades del país.
Pero el presupuesto —ese termómetro real de la voluntad política— también exhibe los límites de esos avances. El acceso al empleo, advierte, sigue siendo otra alerta.
Más allá de reformas y cifras, el reto sigue siendo cultural.
“Si no transformamos las mentalidades de la desigualdad, no vamos a poder avanzar”, concluye.
JVO