El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa a funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Este material forma parte del robusto expediente que fue construido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta “manipulación masiva y sistemática” de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica”, revelaron a MILENIO funcionarios cercanos a la investigación.
Los interrogatorios fueron realizados entre octubre de 2014 y enero de 2015, y su propósito no era arrancarles información fidedigna a los sospechosos (incluidos todos los que fueron enviados ante la prensa), sino “desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir, desligarlos de lo que sabían que pasó para convertirlos en “repetidores de la versión” de los entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
De acuerdo con los funcionarios consultados, el mismo Zerón, Gualberto Ramírez –jefe de antisecuestros–, otros funcionarios de la PGR y miembros de las fuerzas de seguridad, e incluso abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos aparecen en los videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar.
La investigación oficial incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es de Tomás Zerón.
Además de tortura, el expediente documenta montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.
Carpetas de pruebas
Estos 40 videos se reparten en 57 carpetas digitales, que además contienen pruebas forenses (incluidas las obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la PGR) y forman parte del arsenal de evidencias y testimonios sobre el que la Unidad Ayotzinapa sustentará denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.
Fuentes de primer nivel comentaron que esta perspectiva de macrocriminalidad se fundamenta en que la fiscalía considera que las acciones de este conjunto de personas no tienen origen en decisiones individuales, sino que “fueron producto de una red coordinada para delinquir”.
Otra vertiente clave de información la ofrece una veintena de declarantes: el titular fiscal Omar Gómez Trejo y sus colaboradores han logrado convencer a testigos no involucrados en los hechos, a presuntos delincuentes ya funcionarios de la ex PGR de aportar sus conocimientos de los hechos.
Algunos de ellos lo hacen por sentido del deber o reivindicación y otros más ateniéndose al criterio de oportunidad a cambio de beneficios, como no ser acusados.
Los investigadores han detectado inconsistencias sobre el lugar en el que fueron halladas las bolsas que contenían los supuestos restos de los estudiantes.
En la narrativa de Tomás Zerón se señaló tres sitios distintos sobre el río San Juan: uno, donde Zerón de Lucio llevó a El Chereje; dos, donde policías encontraron los supuestos restos de Alexander Mora y, tres, un bajopuente donde agentes de la PGR habrían hallado una bolsa negra.
Sin embargo, en el expediente solo aparecen las coordenadas de un punto (N18 ° 13'15.2 "W099 ° 39'23.8") que no corresponde con los otros tres.
También considera abundante documentación que comprueba inconsistencias y abusos en los procedimientos realizados por Zerón y sus subordinados.
Un caso relevante es el de la agente del Ministerio Público, Blanca Alicia Bernal Castilla, (quien desde septiembre de 2020 se encuentra en prisión acusada de desaparición forzada, tortura y otros delitos), que llevó el caso formalmente y firmó decenas de oficios, incluidos algunos contradictorios porque los signó al mismo tiempo en lugares distintos.
Por ejemplo, un acta circunstanciada de hallazgo de restos del 29 de octubre, que aseguró haber presenciado en las cercanías de Cocula, aunque en realidad estaba en su oficina de Ciudad de México.
Autoridades de la Segob y de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa ofrecerán próximamente un conferencia de prensa donde anunciarán los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.
Jornada de protestas
En el contexto del séptimo aniversario del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares, amigos y alumnos llegaron a Ciudad de México para iniciar lo que llamaron la jornada nacional de protestas.
Padres de las víctimas se manifestó frente a la FGR y anunciaron que hoy se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de: César Velázquez
ledz