Migrantes mexicanos y centroamericanos que viven en el albergue Ágape, en Tijuana, protestaron afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), institución a la que acusan de ‘filtrar’ información a presuntos delincuentes.
El fin de semana un supuesto abogado llegó con un agente de la Policía Municipal de Tijuana para recuperar a una menor que cuenta con una Alerta Amber emitida por la Fiscalía General de Estado de México.
“Nunca habíamos tenido un caso en el que hayan llegado a nuestro albergue, con abogados, así con una Alerta Amber”, denunció el pastor y fundador del refugio, Albert Rivera.
Les extraña que la madre de la niña interpuso denuncias en la Fiscalía de Baja California pues huye de su ex esposo, que es integrante de una organización delictiva.
Nunca tuvo una respuesta a su denuncia, pero sí llegaron para querer quitarle a su hija, lo que impidieron, indicó el pastor.
Consideró que la Fiscalía debió declinar emitir una Alerta Amber, “eso no se hizo, no hay coordinación entre el gobierno”.
Ahora “todos están aterrorizados, con mucho miedo”, indicó.
Antes, expuso, si un migrante de Michoacán denunciaba en Tijuana la violencia que vivió, sus familia en esa entidad tenía represalias.
Ante lo sucedido ahora “temen, estamos nosotros también denunciando, también se lo están filtrando a terceras partes, la Fiscalía no se lo puede dar a terceras partes”, refirió.
La FGR recibió a la madre de familia que de Toluca, Estado de México, que huyó con sus hijos porque su ex esposo es integrante de una organización delictiva.
MJVR