M+.- Aunque el desplazamiento forzado por violencia sigue presente en regiones como Guerrero, el fenómeno muestra una reducción respecto a los años más críticos de la guerra contra el narcotráfico, cuando comunidades completas huían de enfrentamientos, incursiones armadas y disputas entre cárteles.
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), cuando inició la ofensiva federal contra el narcotráfico, estimaciones académicas y de organizaciones civiles como Amnistía Internacional, Parametría y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) consultadas por MILENIO, calcularon hasta 150 mil personas desplazadas acumuladas por violencia en México, un promedio anual de 25 mil.
En contraste, en 2015 se registraron 15 mil 795 personas desplazadas en el país, de acuerdo con el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, lo que representa que en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum este fenómeno se redujo en 36 por ciento.
Las entidades con más desplazamientos forzados durante el sexenio de Calderón fueron Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas, reportó el análisis Desplazamiento forzado interno en México en el siglo XXI.
Mientras que un informe de la Secretaría de Gobernación de 2022 indica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) siete estados concentraron el 91 por ciento de los casos de desplazamiento forzado, siendo estos Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, Durango y Oaxaca.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los focos rojos se mantuvieron en Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Chiapas, en donde se registró un aumento de eventos, así como un alza en Zacatecas.
Guerrero, una alerta constante desde los 70
Guerrero es uno de los estados más afectados; de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cual ha documentado que desde los años 70 reflejaba desplazamientos internos a causa de conflictos agrarios o comunitarios, violencia política y disputas religiosas e indígenas, aunque no tenían la magnitud actual.
Entre 2013 y 2014, se convirtió en uno de los estados con más episodios de desplazamiento forzado, cuyas regiones más afectadas fueron Chilapa, Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo, Tierra Caliente y San Miguel Totolapan, a causa de enfrentamientos entre los grupos criminales de Los Ardillos, Los Rojos, Guardia Guerrerense y la Familia Michoacana.
Para 2019, la CMDPDH reportó que esa fue la entidad con el mayor éxodo por violencia con más de 5 mil personas desplazadas, mientras que en 2021 lo documentó como el cuarto estado con mayor desplazamiento al contabilizar mil 793 víctimas.
En 2022, el propio gobierno de Guerrero reconoció al menos mil 723 personas desplazadas por violencia e inseguridad en los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Zirándaro.
En los dos años siguientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la CMDPDH documentaron nuevos episodios masivos en Guerrero relacionados con peleas entre organizaciones criminales, aunque no hay una cifra consolidada para la entidad.
Autoridades buscan amortiguar la crisis ante presencia de Ardillos y Tlacos
Hoy, el principal foco rojo visible permanece en Guerrero, en donde comunidades indígenas denunciaron que familias completas huyeron de Chilapa a raíz de ataques de Los Ardillos y Los Tlacos.
Sin embargo, el gobierno federal tomó medidas para amortiguar la crisis; desde el martes 12 de mayo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario César Yáñez hicieron presencia en el lugar para recuperar el control de la zona que fue atacada con drones y balaceras.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, además de los funcionarios de Segob, en el lugar también hay presencia de la Guardia Nacional.
Tanto la titular de Gobernación como la mandataria estatal, Evelyn Salgado, recorrieron comunidades de Chilapa y dieron atención a familias desplazadas, a quienes les brindaron servicios básicos como un corredor seguro para el acceso a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos básicos.
Además, escucharon sus demandas para definir condiciones de seguridad y plantearon mesas de diálogo para construir acuerdos de paz en la región.
ksh