El gobierno mexiquense entregó un plan para prevenir y erradicar la desaparición, estrategia que tiene cinco ejes e involucra al Poder Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, la Universidad Autónoma estatal, el Instituto de Seguridad Social del estado y municipios y los ayuntamientos de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco, mismos que aparecen en la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres.
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El plan lo recibió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) del gobierno federal. El texto contempla medidas jurídicas, de fortalecimiento institucional, de construcción de datos y conocimiento, de capacitación y atención, asistencia y reparación a víctimas.
En un comunicado, el gobierno del Estado de México detalló que por la parte jurídica estas acciones pretenden formar una comisión legislativa y en cabildos municipales para atacar la desaparición forzada y la cometida por particulares.
“En materia jurídica, busca armonizar el marco jurídico relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, para lo cual se proponen acciones como conformar una comisión legislativa y comisiones en los cabildos municipales que se encarguen de dicho proceso, presentar reformas en el Legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición”, indicó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Sobre el fortalecimiento de las instituciones, la administración mexiquense contempla implementar el Programa Estatal de Búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación del personal encargado de atender a víctimas de desaparición; además, prevé fortalecer y consolidar la Unidad de Análisis y Contexto de la fiscalía estatal.
El plan también incluye una georreferencia de los casos de desaparición y un mecanismo de acopio y resguardo de información de personas desaparecidas. Todo lo mencionado se reforzará con la capacitación de servidores públicos para brindar apoyo a estos casos.
En materia de atención, asistencia y reparación del daño, crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas, y se elaborará un programa para resarcir a los afectados.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos enfatizó que estas medidas tienen que implementarse en breve y dar resultados en un lapso no mayor a un año.