En lo que va del año la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto dos carpetas de investigación por casos de aborto en Puebla, ocurridos días antes de que el Congreso local aprobara la despenalización del mismo.
Lo anterior quedó asentado en los registros de incidencia delictiva del fuero común, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con fecha de corte al 30 de junio.
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En el caso de Puebla, se indicó que las investigaciones del 2024 corresponden a los meses de abril y junio, con un caso cada uno, sin abundar en más detalles.
Fue el pasado lunes cuando la mayoría de los diputados del Congreso local votaron a favor de la despenalización del aborto en Puebla, por lo que las mujeres podrán elegir si interrumpen su embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sin riesgo a ser criminalizadas.
A falta de que la reforma al Código Penal se oficialice en el Periódico Oficial del Estado, otras variables en las que el aborto está autorizado en la entidad son: cuando es imprudencial o culposo, por violación, por peligro de muerte, por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto y por inseminación artificial no consentida.
Sin embargo, si el aborto ocurre después de las 12 semanas de gestación, se aplicarán sanciones que van de los seis a los 12 meses de cárcel para la madre o persona gestante, mientras que para la persona que ayude en dicho proceso enfrentará penas de uno a tres años.
La ley en Puebla también considera penas para los casos de aborto forzado, que es cuando la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, ocurre sin el consentimiento de la mujer o persona gestante. Las sanciones son de cuatro a ocho años de prisión, pero aumentarán de ocho a 10 años de prisión si se aplica violencia física o moral.
CHM