El Departamento de Justicia de la administración Biden notificó formalmente al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, que alista una demanda legal contra el estado con motivo de su polémica decisión de emplazar boyas para frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México.
“Las acciones del estado de Texas violan la ley federal, plantean preocupaciones humanitarias, presentan riesgos graves para la seguridad pública y el medio ambiente y pueden interferir con la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus deberes oficiales”, señaló el Departamento de Justicia.
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En su carta, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos recuerda a Abbott que la ley “prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas del país, y además prohíbe la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos”.
En caso de que Abbott no desista en su decisión de emplazar las boyas en el río Bravo, el Departamento de Justicia procederá en su demanda contra Texas, aunque le dio varios días para responder a su notificación.
Protesta el gobierno de México
La polémica acción de Abbott, quien ha escalado sus acciones contra la migración indocumentada, motivó también una queja formal del gobierno mexicano, que envió una carta diplomática a los Estados Unidos dejando en claro que las barreras violan el tratado de aguas de 1944.
Por separado, el Departamento de Justicia continúa su investigación sobre el maltrato de las autoridades texanas a los inmigrantes federales, lo cual podría ser una violación de las leyes de derechos civiles, en medio de reportes de que oficiales de ese estado fueron instruidos de no dar agua a los migrantes y devolverlos a México sin debido proceso si trataban de ingresar por el Río Bravo.
ABR