M+.- Aunque el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Todd Lyons, anunció que abandonará el sector público el 31 de mayo, dejó en marcha su “sueño” para el organismo, basado en un famoso sistema de reparto de objetos: que grupos de camiones detengan a los migrantes para su deportación en un proceso tan eficiente “como el de (Amazon) Prime, pero con seres humanos”.
Antes de expulsarlos; sin embargo, hay que encerrarlos en algún lugar. Tras el fracaso del plan inicial de construcción masiva de campamentos de tiendas de campaña, Lyons lanzó la Iniciativa de Reingeniería de la Detención del ICE, lo que es, según un informe del American Immigration Council (AIC):
“Un plan mucho más drástico, que transformaría radicalmente la detención de inmigrantes como nunca antes desde el auge de las detenciones en la década de 1990”.
Se basa en la compra de una red de almacenes comerciales y la contratación de compañías para que se encarguen de su reacondicionamiento.
“Que la policía y las armas se encarguen de lo suyo, todo lo demás, subcontratémoslo”, proclamó Lyons en la Exposición de Seguridad Fronteriza, en Phoenix. Junto con la localización y la expulsión de personas, la reclusión también es un negocio nada despreciable para las empresas.
Una desagradable “sorpresita”
Un reporte de Human Rights Watch (HRW), de este 9 de abril, revela que la canadiense GardaWorld Federal se encargará en septiembre de darles una “sorpresa” a mil 500 personas que podrán ser recluidas en un determinado momento en la nave industrial que será reconvertida en centro de detención, por 313 millones de dólares. Y se hará en Surprise, una localidad vecina a Phoenix, Arizona.
Dicha empresa es la misma que gestiona en Florida la polémica cárcel de migrantes conocida como Alligator Alcatraz (Alcatraz de los caimanes, por la vieja isla prisión donde estuvo el mafioso Al Capone y por los lagartos que habitan esa zona).
Esa sólo es una parte del beneficio para GardaWorld Federal, que podrá duplicar sus ingresos con la operación diaria del centro. Por seguridad, procesamiento de detenidos, alimentación, atención médica y gestión de instalaciones, puede llegar a recibir hasta 704 millones de dólares en marzo de 2027, al término del contrato, que además puede extender por otros dos años.
La operación diaria tiene un costo promedio de 164 dólares (2 mil 851 pesos) por persona/día.
Este modelo de lucro genera incentivos para que las empresas contratistas saturen recintos mal adaptados para la reclusión, en condiciones inhumanas sistemáticas y bajo abusos que han elevado el número de muertes, sostiene el informe Lucrando con el dolor, de la Facultad de Derecho de Washington en la American University, de enero de 2026.
Y también, estímulos para que las compañías contratistas cabildeen entre miembros del gobierno con el fin de endurecer las políticas antimigrantes, lo que les permitiría tener más detenidos durante mayor tiempo.
Boom presupuestal para cárceles privadas
El énfasis del gobierno de Donald Trump en la persecución migratoria se manifestó con un aumento astronómico del presupuesto del ICE. Sólo para detención se destinaron 45 mil millones de dólares para construcción y operación de nuevos centros de detención migratorios durante cuatro años, es decir, 11 mil 250 millones anuales.
Tal cifra hace palidecer los 3 mil 400 millones de dólares del ejercicio anterior, pero significó una fiesta para las compañías que se abocaron a erigir enormes ampliaciones a la capacidad de internamiento, pero no en la mejora de condiciones, a pesar de que desde administraciones previas habían sido denunciadas como graves.
Esto es consecuencia, señalan HRW y AIC, de la privatización carcelaria que comenzó durante la administración de Ronald Reagan en 1981, en medio de un explosivo aumento de reclusos provocado por la llamada “guerra contra las drogas” y las políticas de “mano dura”.
En 1983-1984 se crearon las que hasta hoy siguen siendo las dos principales contratistas:
- Corrections Corporation of America (CCA, renombrada CoreCivic en 2016)
- Wackenhut Corrections (hoy GEO Group)
La primera prisión privada federal fue operada por CCA en Tennessee en 1984. Las empresas ofrecían construir y operar prisiones más rápido y supuestamente más baratas que el Estado, recibiendo pagos por “cama ocupada” (bed rate).
Debido a que la mayoría de las prisiones estatales y locales siguen siendo públicas en el ámbito federal, la participación privada alcanzó alrededor del ocho al diez por ciento de la población carcelaria total.
Sin embargo, el ICE le da la mayor parte del pastel a esta y actualmente entre el 70 y 90 por ciento de los migrantes detenidos está en instalaciones operadas por empresas privadas como CoreCivic, GEO Group y algunos subcontratistas. Es hoy, sin duda, el principal motor de crecimiento de estas compañías.
Sobre esta práctica, demócratas y republicanos han estado en un tira y afloja: en 2016, Barack Obama ordenó reducir el uso federal de prisiones privadas; Trump lo revirtió en 2017; Joe Biden intentó eliminarlo en 2021, pero la segunda administración del republicano, que tomó el poder en enero de 2025, provocó la expansión más acelerada de la historia:
La población detenida pasó de alrededor de 40 mil a 70 mil en febrero de 2026 y existen proyectos para llegar a 100 mil en noviembre. Y después, posiblemente, llegue a 150 mil de manera veloz por la asignación expedita de contratos multimillonarios asignados sin concurso.
Las acciones de CoreCivic y GEO Group se dispararon tras la reelección de Donald Trump, en noviembre de 2024. Con justa razón: ambas reportaron ingresos récord en 2025, de más de 2 mil millones de dólares cada una. Eso fue anticipado por los inversionistas.
Más los extras, como señala el Migration Policy Institute:
“Las empresas pueden obtener ganancias de los propios detenidos, quienes deben pagar para hacer llamadas telefónicas u obtener artículos de primera necesidad en los economatos, generalmente propiedad de la empresa, que venden productos a precios considerablemente superiores al promedio del mercado”.
Lucran con el dolor
Muchas organizaciones, entre ellas HRW, AIC, la American Civil Liberties Union, el Project On Government Oversight y el Brennan Center, denunciaron que el modelo de lucro genera incentivos perversos: como las empresas cobran por detenido/día, se esfuerzan por maximizar la ocupación y minimizar los costos en personal, comida, higiene y salud.
Esto, inevitablemente, produce condiciones sistemáticamente inhumanas como hacinamiento extremo, negligencia médica y reducción de la supervisión –hay menos inspecciones sobre las condiciones de reclusión–, y diferentes violencias como abusos físicos y sexuales, aislamiento punitivo y opacidad.
“La privatización de los sistemas penitenciarios y de inmigración en Estados Unidos, y su inherente afán de lucro, exacerba los efectos nocivos de los juicios” derivados de la criminalización de las entradas irregulares, afirma el informe ‘Lucrando con el dolor’, de la Facultad de Derecho de Washington en la American University, publicado en enero de 2026.
“Las condiciones inhumanas y la detención son consecuencias directas de la privatización de los centros de detención de inmigrantes y las prisiones”, asentó.
Pero además, así como el presidente Eisenhower denunció en 1961 que lo que llamó “complejo industrial militar” ejercía una influencia indebida sobre el poder público, afectando las instituciones democráticas, el Brennan Center señala un “complejo industrial de deportación” que hace cabildeo para endurecer las leyes y las políticas antiinmigrantes.
De esta manera, los mismos que los encarcelan se aseguran de cerrar las rutas a la legalidad para que persigan y capturen a más personas, para así poder tener sus camas llenas por más tiempo.
Para infortunio de miles, esto no es una Surprise.
Fact checking: JRH
RM