Un acuerdo judicial presentado el lunes en una prolongada demanda sobre la separación de padres e hijos en la frontera, por parte del gobierno del entonces presidente Donald Trump, prohíbe a las autoridades migratorias realizar medidas similares durante ocho años.
Al mismo tiempo, la medida proporciona prestaciones como la posibilidad de que los padres de familia ingresen a Estados Unidos y trabajen, según el gobierno de Joe Biden.
El acuerdo entre Washington y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representa a familias separadas de sus hijos, aún debe ser aprobado por el juez.
Pero si se finaliza, hará mucho más difícil para cualquier gobierno (incluido al ex presidente Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana) revivir una de sus tácticas más polémicas para detener la inmigración en la frontera sur si gana las elecciones del próximo año.
“Nuestra intención es hacer todo lo posible para asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro. Establecimos procedimientos a través de este acuerdo de conciliación para avanzar en ese esfuerzo”, dijo a The Associated Press el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El gobierno de Trump separó a miles de niños de sus padres o tutores con quienes viajaban al tiempo que intentaba procesar penalmente a personas por cruzar la frontera sin autorización legal.
Los menores no pueden permanecer bajo custodia penal con sus padres. Fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y luego en su mayoría enviados a vivir con un patrocinador, a menudo un pariente u otra persona con una conexión familiar.
Los fallidos sistemas de seguimiento de las autoridades federales provocaron que muchos quedaran separados mucho tiempo o que nunca se reunieran con sus padres.
Ante una fuerte oposición, Trump finalmente cambió de rumbo en 2018, días antes que un juez detuviera la práctica tras una demanda presentada por la ACLU. Durante un foro público de CNN a principios de este año, Trump no descartó ni una sola vez la separación de familias.
Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, elogió el acuerdo.
“Este acuerdo significa que los bebés y los niños pequeños finalmente podrán ver a sus padres después de años separados y que estas familias que sufren tendrán la oportunidad de solicitar un estatus legal. También impide de manera crucial un intento por parte de una futura administración de recrear otra política de separación familiar”, afirmó Gelernt. “Nada puede recuperar la integridad de estas familias, pero esto es al menos un comienzo”, consideró.
El presidente Biden emitió una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para reunir a las familias. Según cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero, 3 mil 881 niños fueron separados de sus familias entre 2017 y 2021. Alrededor del 74 por ciento de ellos se han reunido con sus familias: 2 mil 176 antes que se creara un grupo de trabajo del gobierno Biden y 689 después.
Cientos de familias demandaron al gobierno federal, solicitando tanto compensación monetaria por daños como cambios de política.
Este acuerdo presentado en un tribunal federal de San Diego no incluye pagos por daños. Pero sí proporciona prestaciones clave, incluyendo la autorización para que los padres de niños separados acudan a Estados Unidos bajo permiso humanitario durante tres años para trabajar.
Las familias reciben ayuda para vivienda y prestaciones médicas y de salud conductual diseñadas para abordar algunos de los traumas relacionados con las separaciones.
SNGZ