M+.- El 7 de julio, alrededor de las 6:50 horas, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó en el abdomen a Lorenzo Salgado Araujo en la cuadra 6800 de Canal Street, en el este de Houston.
El trabajador de la construcción de 52 años, y con cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, había salido de su casa esa mañana para recoger a sus compañeros de trabajo y llevarlos a una obra. Moriría más tarde por la herida de bala.
ICE reconoció el mismo día, en un comunicado, que sus agentes realizaban un “operativo de aplicación selectiva de la ley” y afirmó que Salgado Araujo intentó evadirlos, embistió contra una patrulla y trató de atropellar a un oficial, quien disparó “en defensa propia”.
Sin embargo, dos días después, el 9 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió a ABC News que Salgado Araujo no era el objetivo del operativo. Los agentes vigilaban la casa de otra persona, habían visto dos camionetas blancas en ese domicilio semanas antes y, al ver una similar con un conductor que “se parecía al objetivo”, iniciaron la persecución que terminó trágicamente.
Ese mismo día, el gobierno mexicano informó que tenía un registro de 17 mexicanos fallecidos en hechos vinculados al ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: 14 bajo custodia, en centros de detención o en hospitales a donde fueron trasladados, y tres durante operativos de aseguramiento en la calle, entre ellos el propio Salgado Araujo.
Pocos días después, el 14 de julio, un mexicano de 28 años murió atropellado por un tráiler en St. Augustine, Florida, mientras huía a pie de agentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
En contraste con el rechazo que el Departamento de Estado dio esta semana a las cartas de protesta que envió la cancillería mexicana, alegando que buscaban dirigir acciones de personal en “territorio soberano” estadunidense, una revisión de MILENIO a los propios comunicados de ICE sobre esos casos, así como al informe Agentes de caos y crueldad, de la American Civil Liberties Union (ACLU), muestra que el gobierno de México tiene motivos documentados, y en buena medida reconocidos por la propia autoridad migratoria estadunidense, para exigir una investigación.
Informes de la violencia de ICE
La ACLU revisó más de mil 200 incidentes de aplicación de la ley migratoria ocurridos en 2025 en ocho estados: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland y Nuevo México.
Documentó con nombres, fechas y expedientes judiciales un patrón de fuerza excesiva, intimidación y negligencia médica contra migrantes y sus familias.
La organización contabilizó 375 incidentes de uso o amenaza de fuerza, 437 casos de presunto perfilamiento racial, más de 50 muertes dentro de centros de detención del ICE durante la actual administración y al menos ocho personas muertas a tiros por agentes de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
El informe de la ACLU documenta pormenorizadamente casos de mexicanos entre los mil 200 incidentes que revisó. En Melrose Park, Illinois, agentes de la Patrulla Fronteriza sometieron a Ricardo Aguayo Rodríguez, un trabajador de la construcción de 54 años, padre de dos adolescentes sordos, que volvía en bicicleta de comprar en una tienda cuando lo interceptaron.
A él lo rociaron con gas pimienta, le pusieron un brazo alrededor del cuello y lo golpearon en la cabeza; un video muestra cómo pide auxilio en español (“Por favor, amigo”), mientras es inmovilizado.
Ya en el hospital y con heridas en la cabeza, agentes con el rostro cubierto impidieron que su hermana, ciudadana estadunidense, entrara a verlo. Reportes locales precisan que Aguayo Rodríguez era originario de Zacatecas y que el DHS, en un comunicado, sostuvo que se “resistió violentamente” y que el agente “aplicó golpes como último recurso”.
En otro de los muchos casos, en Glendale, California, agentes del ICE detuvieron en el jardín de su propia casa a Julio César Peña. Sufrió un microinfarto cerebral y terminó hospitalizado, esposado de pies y manos a la camilla, mientras escuchaba las llamadas telefónicas de los agentes.
Cuando su esposa le preguntó en qué hospital estaba, él le dijo que no se lo podía decir, y tampoco su abogado logró que se lo confirmaran. Peña llegó a Estados Unidos procedente de México cuando cursaba sexto grado de primaria. Hoy padece insuficiencia renal terminal.
El informe de la ACLU también documenta la muerte de Silverio Villegas González, quien, al momento de dejar a su hijo en una escuela en Franklin Park, Illinois, agentes le cerraron el paso y le dispararon de cerca. El DHS afirmó que Villegas intentó embestir a los agentes con su auto e incluso arrastró a uno de ellos, dejándolo gravemente herido; sin embargo, un testigo declaró que Villegas retrocedió cuando los agentes le bloquearon el paso, y que no condujo hacia ellos.
Las muertes que sí reconocen (y los pretextos)
Más allá del informe de la ACLU, en los comunicados del ICE se publica una versión diferente de algunas de las muertes que ocurrieron bajo su custodia migratoria. Casi todas, según el órgano persecutor, fueron el trágico final de enfermedades no atendidas a tiempo o debido a suicidios dentro de las celdas.
Está el caso de Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, quien murió el 5 de mayo de 2025 cuando era trasladado de la cárcel del condado de Lowndes al Centro de Detención Stewart, en Georgia. El comunicado de ICE titulado en inglés: Fallece nacional mexicano bajo custodia del ICE durante el traslado.
Los agentes afirmaron que el personal de la empresa contratista TransCor, especializada en el transporte seguro y custodia de personas detenidas para agencias gubernamentales, en este caso ICE, reportó la emergencia médica cuando el detenido se volvió “no responsivo” dentro de la furgoneta y llamó al 911. Se le declaró muerto en la escena.
TransCor y el ICE argumentaron que Avellaneda había entrado sin documentos al país y sido arrestado varias veces desde 1979, la más reciente por una violación de libertad condicional. Este asunto desató un escándalo sobre el papel de empresas como TransCor en la responsabilidad de la custodia operativa.
Otro caso es el de Jesús Molina Veya, de 45 años, quien murió el 7 de junio de 2025 en el mismo centro Stewart. Según el comunicado de ICE, un miembro del personal observó a otros detenidos reunidos frente a la puerta de su celda y, al ir a revisar, encontraron su cuerpo con una ligadura al cuello e inconsciente. Según el reporte, el personal médico intentó reanimarlo hasta que llegaron los paramédicos.
Esa fue la muerte número 13, y la tercera por supuesto suicidio, en ese centro desde 2006, de acuerdo con una carta que el senador Jon Ossoff envió después a la agencia citando ese mismo comunicado.
También está el caso de Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, quien murió el 31 de agosto de 2025 en el Centro Médico Mountain Vista, en Mesa, Arizona, luego de estar detenido en el Complejo Correccional Central de Arizona, en Florence.
El comunicado de ICE señala que la causa preliminar de la muerte “se desconoce y permanece bajo investigación”, y detalla que Batrez había sido arrestado por la policía de Flagstaff por posesión de parafernalia de drogas y, en dos ocasiones distintas, por manejar en estado de ebriedad.
Otro hecho documentado es el de Óscar Rascón Duarte, de 58 años, que murió el 8 de septiembre de 2025 en el Centro Médico Banner Desert, en Arizona, cuya causa también está “bajo investigación”, según el comunicado de ICE.
La agencia afirmó que Rascón había estado internado desde enero en un centro de cuidados de largo plazo por padecer alzhéimer en etapa avanzada, cáncer de riñón derecho y hepatitis C, y que en 2005 había sido sentenciado a 20 años de prisión por abuso sexual de un menor, sentencia que cumplió antes de volver a quedar bajo custodia migratoria.
Otro hecho que se pretende explicar como causa de enfermedades mal cuidadas es el de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, quien murió el 27 de febrero de 2026 mientras estaba detenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.
De acuerdo con el comunicado de ICE, fue hospitalizado el 25 de febrero tras reportar sentirse desvanecido, ingresó al Centro Médico Global Victor Valley por dolor en el pecho y falta de aire, y murió pese a los esfuerzos médicos.
La concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández declaró que su oficina había estado en contacto con la familia y que, según ellos, se le había negado atención médica mientras estuvo detenido.
Uno más es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, el más joven de la lista. Él murió el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida, y ICE describió el suyo como un caso de “presunto suicidio”.
La agencia aseguró que fue hallado “sin responder, con una ligadura de tela alrededor del cuello sujeta a una instalación de la regadera”. Pérez había sido detenido un mes antes en el área de Orlando, acusado de dar un nombre falso a la policía y de resistirse al arresto.
El caso más singular es el de Miguel Ángel García Hernández, un pintor de casas de 31 años originario de San Luis Potosí, radicado en Arlington, Texas. Fue detenido el 8 de agosto de 2025 por manejar en estado de ebriedad y, el mismo día en que ICE lo trasladó a su custodia, un francotirador abrió fuego contra la oficina de campo de ICE en Dallas.
Los abogados de su esposa aseguran que García Hernández cubrió con su propio cuerpo a otro detenido durante el ataque. Murió el 30 de septiembre, seis días después, tras recibir hasta ocho disparos; el propio comunicado de ICE sobre su muerte lo describió como “un extranjero ilegal de México” con antecedentes por dar información falsa y evadir a la policía.
La respuesta de México
Frente a ese expediente, y no solo tras el rechazo de esta semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el 13 de julio una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía General de la República, así como denuncias ante fiscalías estatales para que autoridades locales investiguen cada fallecimiento.
La dependencia envió también una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidiendo que su oficina recabe información y determine si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en la materia.
Las cartas de cese y desistimiento que Washington acaba de devolver a México, que fueron dirigidas originalmente al centro de detención de ICE en Adelanto, California, donde han muerto cuatro connacionales, eran, según la propia SRE, apenas el primer paso formal antes de una eventual demanda civil.
(Fact checking: JRH)
ksh