Las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador demandarían de cambios institucionales profundos, dijo el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), mientras que Citibanamex advirtió que amenazarían las finanzas públicas y el régimen democrático.
- Ante este escenario, el Imco resaltó implicaciones sociales, económicas e institucionales.
En relación a los órganos autónomos, el Imco mencionó que son instituciones técnicas, con independencia en decisiones; constituyen contrapeso a los poderes públicos, por lo que resultan esenciales para efectividad gubernamental, democracia, transparencia y rendición de cuentas.
Para la eliminación de estos organismos, la propuesta presentada implica la modificación de trece artículos constitucionales (3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123) y traspasar funciones a dependencias de la Administración Pública Federal.
En torno a las implicaciones de estos órganos autónomos, el Imco dijo que la arquitectura institucional estaría desequilibrada dada la concentración de las decisiones clave en el poder Ejecutivo.
“La transferencia de las funciones de los organismos autónomos reguladores en materia de competencia y telecomunicaciones constituye una violación a las obligaciones pactadas en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC)”.
¿Qué dice Citibanamex sobre reformas de AMLO?
De acuerdo con el grupo financiero, varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas.
Destacó que un aspecto “tranquilizador” en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año.
Aunque hay dos elementos que suavizan lo anterior: primero, porque la oposición, sin la cual no podrían aprobarse para cambiar la Constitución, no es clara en cómo tratar las propuestas. Lo segundo es que en realidad no requieren aprobación constitucional las que tendrían un costo fiscal creciente, sino basta la actual mayoría que tiene Morena y sus aliados en ambas cámaras.
Resaltó que la iniciativa de aumentar las pensiones, establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su salario promedio, e impulsar construcción de vivienda, implica un aumento del costo fiscal que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años.
En cuanto a lo relativo a la propuesta de pensiones, el banco señaló que esta muestra un diseño apresurado e inconsistente: “No se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión”, explicó.
EDD