Para generar un clima de mayor certidumbre a las inversiones e impulso a las actividades productivas, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, reveló que buscan regular junto con Presidencia la figura del cabildeo.
En entrevista con MILENIO destacó que esta es una actividad legítima propia de los países democráticos por lo que su reglamentación en México permitirá consolidar y ampliar espacios de diálogo con la sociedad para su participación más activa en la formulación de las políticas públicas.
“Lo que nos hemos propuesto tanto en el legislativo como en el Ejecutivo es escuchar lo que tengan que decir las personas y las empresas en temas diferentes para que aporten información valiosa y propuestas específicas que puedan servir para tomar determinaciones en un esquema de democracia informada fincada en la transparencia y equidad participativa”, dijo.
Puntualizó que aunque el legislativo ya cuenta con una reglamentación en la materia en donde los despachos o cabilderos deben inscribirse en un padrón e informar de sus actividades y que intereses representan, se está atento para recibir una iniciativa que emane del Ejecutivo para regular ese tipo de relaciones en la administración pública federal orientada a transparentar más la interacción con los sectores de la sociedad tal y como lo hicieron muchos países pertenecientes a la OCDE.
“Regular esa actividad en el legislativo y ahora posiblemente en el Ejecutivo es muy importante para tener ordenado y plenamente visible quienes son las personas, asociaciones, organizaciones o empresas que pretenden ser escuchadas y mantener siempre separado lo público de lo privado para evitar interpretaciones erróneas o conflictos de interés que pudieran influir en alguna determinación”, subrayó.
El legislador recordó que el pasado 25 de noviembre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició la ruta hacía la regulación del cabildeo en México con el Taller Internacional “El Cabildeo como Mecanismo para Combatir la Corrupción y Promover la Participación en las Políticas Públicas”, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y garantizar acceso equitativo, de todos los sectores, en los procesos de toma de decisiones.
En el Taller al que asistieron especialistas de la OCDE, del BID y expertos de Chile y Francia, se estableció que regular el cabildeo es condición indispensable para consolidar un Estado abierto en donde todas las voces puedan participar con transparencia, integridad y trazabilidad en la creación y modificación de políticas públicas mediante reglas muy claras que garanticen la plena nitidez de esta actividad sin sobrerrepresentación de ningún grupo a modo de prevenir el influyentismo y asegurar que las decisiones respondan al interés general.
“Por ese motivo de enviarse la propuesta al Congreso, la analizaremos y de ser necesario la enriqueceremos tomando en cuenta las experiencias y parámetros de otros países que avanzan en esa reglamentación como Estados Unidos, Canadá y los pertenecientes a la Unión Europea donde los resultados de democracia informada y participación de todos los sectores en el diseño de políticas públicas son exitosa”, comentó el vicepresidente de la Cámara Baja.
“El propósito de la normativa es modernizar, adaptar las circunstancias a la nueva realidad internacional donde debe prevalecer la transparencia y canales de comunicación abiertos con la sociedad y empresas lo que seguramente se reflejará en mayor inversión y actividad productiva al tener todos los sectores la garantía de que serán escuchados en sus propuestas”, remarcó Gutiérrez Luna.
¿Es fundamental el cabildeo?
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos (Procab), Gustavo Almaraz Petrie, señaló que el cabildeo es un elemento fundamental de todas las democracias y que para su fortalecimiento y total transparencia participan en los foros de análisis de donde surgirán propuestas para aterrizar una legislación adecuada para México.
“El cabildeo es la forma en la que la sociedad organizada se acerca al tomador de decisiones de manera legal, respetuosa y ética para brindar información valiosa procedente de sectores diversos como el privado, organizaciones campesinas o civiles, por lo que es relevante darle un marco de referencia o regulación para saber con precisión cuáles son los principios y canales que se deben seguir”, afirmó.
Expresó que los profesionales del cabildeo observan mucha voluntad de parte de la Secretaría Anticorrupción de que México cuente con una regulación integral que permita dar mayor claridad y transparencia a la interacción entre el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones y el gobierno “y de esa manera conocer la ruta de aprobación de cualquier ley o política pública lo que sin duda será benéfico no sólo para fortalecer la democracia, sino para consolidar la certeza que requieren las inversiones”.
Petrie enfatizó que de acuerdo a los foros, el eje central de la reglamentación es la transparencia y piso parejo de acceso de todos los sectores en la interacción y seguimiento de quienes toman decisiones de política pública lo que enriquecerá el diálogo y confianza en las instituciones, tal y como ya se logró en Chile, Francia y países de la Unión Europea cuya experiencia puede ser aprovechada para nutrir el modelo mexicano.
Experiencia internacional
La regulación del cabildeo a nivel internacional tiene sus primeros antecedentes en la década de 1940 cuando Estados Unidos se convirtió en el primer país en establecer un marco legal para esa práctica a fin de controlar la actividad de los grupos de presión en un mundo en que las decisiones políticas afectan directamente los intereses económicos y sociales. Sin embargo, fue hasta 1995 cuando la Lobbying Disclosure Act (LDA), obligó a los cabilderos inscribirse y declarar trimestralmente sus actividades, clientes y gastos en su tiempo de intentar influir en las decisiones públicas.
En 2007 la ley se reforzó con la Honest Leadership and Open Government Act que impone sanciones civiles, prohíbe ciertos regalos y amplia la transparencia además de que exige un registro específico para quienes actúan en nombre de empresas, asociaciones, gobiernos u organizaciones extranjeras, cuya ventaja es que tienen el derecho a ser escuchados.
En la tendencia global de dar mayor importancia a la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales, también figura Canadá que desde 1989 cuenta con una Lobbying Act que exige registro obligatorio y designa a un comisario independiente encargado de fiscalizar, investigar y publicar informes públicos sobre esa actividad.
Bajo esa reglamentación los cabilderos o lobbistas deben declarar cada comunicación con funcionarios federales dentro de un plazo de 15 días y la omisión o falsedad pueden incluir multas e incluso procesos legales. Además, existe una base de datos donde cualquier ciudadano puede consultar los objetivos del lobby, los nombres de los funcionarios contactados y los temas discutidos.
En el ámbito europeo la regulación de los lobbies es una práctica consolidada desde 2021, salvo España que vivieron más de tres décadas de intentos fallidos de regulación de la actividad. Sin embargo, en los últimos meses el Congreso activó una propuesta para establecer un registro público gratuito y obligatorio similar al de países adelantados en la materia.
En la Unión Europea el registro de transparencia es obligatorio para cualquier grupo o persona que desee influir en las decisiones del Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo de la UE. Este registro viene acompañado de un código de conducta común que exige claridad sobre los objetivos, clientes y financiación de los lobbies además de promover el respeto institucional.
Por decisión de los países integrantes la regulación se reforzará aún más, limitando las reuniones del personal directivo de la Comisión únicamente a grupos inscritos en el registro y exigiendo la publicación online de dichas reuniones y sus actas.
De acuerdo al informe del registro de lobbies de la Unión Europea, hasta el año precedente se tenían inscritas 12 mil 632 organizaciones de las cuales el 53 por ciento representan los intereses de empresas y sectores económicos, mientras que las organizaciones no gubernamentales participan con un 28 por ciento de las instituciones registradas, los think tanks (7 por ciento), consultoras (6 por ciento), los organismos públicos nacionales, regionales o locales (5 por ciento) y las iglesias y entidades religiosas con el 0,4 por ciento.
Francia cuenta con una ley de cabildeo y lineamientos para la elaboración de códigos de ética dirigidos a quienes realizan la actividad, en tanto Chile ha desarrollado una normatividad a través de mayor transparencia de la actividad de los funcionarios públicos, además de un sólido código de ética que cierra el paso a la corrupción, posicionándose en América Latina como un referente.
Conforme al documento Cabildeo en México: Transparencia y Piso Parejo presentado por la Secretaría Anticorrupción en el taller para delinear una reforma, la ausencia de regulación integral puede propiciar escenarios de riesgo como la captura del poder público, los conflictos de interés y opacidad en la incidencia de actores privados sobre las decisiones gubernamentales por lo que resulta indispensable avanzar hacía un marco normativo moderno que asegure la igualdad de acceso en los procesos de toma de decisiones con lo cual se podrá prevenir actos de influyentismo o corrupción.
JJB