Derivado de la pandemia del coronavirus muchas escuelas privadas han tenido que adaptarse a los cambios que la nueva normalidad implica, realizando clases virtuales y en algunos casos reduciendo costos de colegiaturas, sin embargo, de frente al regreso a clases, algunos padres de familia están optando por cambiar a sus hijos de instituciones educativas a unas más económicas o pasarlos a organismos públicos, generando en ciertos casos inconformidades entre las escuelas salientes y los consumidores.
En entrevista con MILENIO, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, expuso que existen muchos padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas privadas, pero que por la situación actual tanto sanitaria como económica están tomando la decisión de cambiar a sus hijos a colegios públicos, y en caso de que los colegios privados no quieran regresar las cuotas de reinscripción, podrían ser multadas.
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“Si yo tomo la decisión de irme del sistema privado al público, yo estoy en mi derecho de pedir la devolución de mi inscripción, y si no me la quieren devolver, hay multas que pueden llegar a 3 millones de pesos, por caso. A parte de las multas, estamos trabajando de la mano con la SEP, y pudiera haber casos, en que la propia SEP intervenga para imponer las sanciones que corresponden a ello”, aseveró.
Explicó que las instituciones educativas privadas son proveedoras de servicios, por ende, los padres de familia están obligados a pagar una inscripción o reinscripción, sin embargo, el prestador del servicio está obligado a ser muy claro sobre cuáles van a ser las prestaciones que ofrecerán.
“Si no va a haber clases presenciales, yo como padre de familia y como Procurador, considero ilógico que pretendan cobrarme lo mismo que por el servicio que me daban anteriormente. De manera tal, que como papás, decidan si quieren continuar en ese colegio, o quieren que sus hijos estudien en otro”, señaló.
Sheffield Padilla aclaró que al momento las quejas por motivo de reinscripciones son muy pocas debido a que la mayoría de las escuelas y padres de familia, logran llegar a acuerdos, “son personas que ya están teniendo problemas porque no les quieren devolver la reinscripción, o no les están siendo claros en las condiciones del servicio”.
“Nuevas tenemos siete quejas en todo el país; cinco de educación media superior; una de secundaria y una de primaria; cinco son en San Luis Potosí; una en el Estado de México y una en Coahuila. En todo el año aparte de las dichas, hay por distintos motivos, de enero a julio, hubo 307 quejas; 55 que son el 18 por ciento, ya conciliaron; 242 que son el 79 por ciento, están en trámite. Quejas tenemos 60 en febrero; 66 en marzo; 11 en abril; 11 en mayo y 69 en junio”, detalló el Procurador.
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Agregó que mediante la plataforma Conciliaexprés, que se hace por vía telefónica, “se conciliaron seis casos, -esas no son quejas porque ya se conciliaron-, una de la Universidad la Salle Bajío, en León, Guanajuato, y cinco de la Universidad de la Salle en la Ciudad de México. Estando Profeco en medio se pusieron de acuerdo proveedor y consumidor”.
“Si nosotros vemos un problema grave, nosotros somos los representantes legales de los consumidores, en este caso de los alumnos y de los papás. Y nosotros podemos promover administrativa o judicialmente las causas. No lo hemos hecho hasta ahora porque no lo ha ameritado”, aseguró Sheffield Padilla.
GGA