En la economía estadunidense actual, existe una clara división entre los que tienen recursos y los que no. Se supone que los propietarios de viviendas forman parte del grupo afortunado.
Los precios medios de la vivienda han aumentado de manera constante en los últimos años, lo que ha generado un buen respaldo económico, al menos en teoría. Además, los que compraron su casa antes de 2022 tuvieron la oportunidad de asegurar hipotecas a 30 años con tasas anuales muy por debajo del 4 por ciento, una cifra muy alejada de los niveles actuales, que superan el 7 por ciento.
Sin embargo, muchos estadunidenses sienten la presión: casi la mitad de los propietarios de viviendas declararon en una encuesta reciente de CNBC que carecen de un margen de maniobra financiero, o incluso que se encuentran en una situación peor. Esto se debe a que las tasas hipotecarias no cuentan toda la historia. Otros costos asociados a la propiedad aumentaron drásticamente en los últimos años, ejerciendo presión tanto sobre los propietarios que residen en sus viviendas como sobre los arrendadores.
Tomemos, por ejemplo, los impuestos sobre la propiedad. En muchas comunidades, estos se incluyen en las cuotas hipotecarias mensuales. Aunque se calculan en función del valor tasado, en casi la mitad de las grandes áreas metropolitanas de EU, estos impuestos han crecido a un ritmo superior al de los precios de la vivienda, de acuerdo con un nuevo estudio. A nivel nacional, el cargo medio aumentó un 25 por ciento entre 2019 y 2024, según datos de la Oficina del Censo. Otro estudio del sector sugiere un incremento adicional de más del 5 por ciento el año pasado. Estos incrementos han sido especialmente marcados en estados con un rápido crecimiento, como Florida y Georgia.
Los seguros representan otro problema. La prima promedio para las viviendas con hipoteca aumentó un 62 por ciento entre 2019 y 2024, alcanzando los 2,300 dólares; en estados como Texas, Florida y Utah, los incrementos superaron el 70 por ciento. Según investigadores de la Fed de Dallas, el seguro del hogar absorbe actualmente el 2.7 por ciento del ingreso medio de los hogares, frente al 2 por ciento que representaba antes de la pandemia.
Sin embargo, cuando los propietarios intentan presentar una reclamación a sus aseguradoras, a menudo se topan con la frustración: el año pasado, las cinco mayores compañías de seguros cerraron casi la mitad de las reclamaciones, el 44 por ciento, sin realizar ningún pago. Esta cifra representa un aumento respecto al 36 por ciento registrado una década antes. Tal vez esto ayude a explicar por qué las aseguradoras de vivienda alcanzaron niveles récord de ganancias técnicas (utilidades de suscripción) en 2025. El año pasado, las aseguradoras pagaron solamente 54 centavos en indemnizaciones por cada dólar recaudado en primas, el nivel más bajo desde 2015, a pesar de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles.
Si bien los seguros y los impuestos sobre la propiedad representan los gastos más elevados, no son los únicos. La política de mano dura contra la migración de Donald Trump ha causado estragos en los presupuestos destinados al mantenimiento y al cuidado de jardines, al agravar la escasez de mano de obra. Los precios de los servicios de jardinería aumentaron un 62 por ciento desde 2020, y el gasto de los propietarios en mantenimiento creció un 53 por ciento entre 2019 y 2024, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Los aranceles impuestos por Trump también pasan factura, llevando a los fabricantes a subir los precios de los electrodomésticos de gran tamaño y contribuyendo a un incremento interanual de casi el 7 por ciento en el costo de los equipos de lavandería, cifra que se refleja en los datos de inflación de septiembre.
En conjunto, todo esto dibuja un panorama bastante desalentador para muchas personas que, en teoría, deberían ser las ganadoras en la actual economía polarizada. Su descontento se manifiesta de diversas formas a medida que los votantes se preparan para acudir a las urnas en las cruciales elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.
En la encuesta más reciente del FT, el 56 por ciento de los votantes registrados dijo que su situación financiera empeoró durante la administración Trump, y el 40 por ciento señaló que el aumento de los precios los inclina más a votar por el Partido Demócrata, actualmente en la oposición.
Gran parte de la resistencia a los grandes centros de datos proviene de los propietarios locales en lugares como el condado de Prince William, en Virginia. Sus preocupaciones respecto al ruido y al impacto en el valor de sus propiedades se sumaron a inquietudes más amplias sobre la pérdida de empleos y el incremento en los recibos de energía.
Esta creciente frustración también se manifiesta en iniciativas concretas para limitar los impuestos a la propiedad, o bien para exigir que los centros de datos asuman una mayor carga fiscal. La próxima semana, cuatro estados someterán a votación medidas para restringir o reducir dichos gravámenes, sumándose a los 10 estados que adoptaron pasos similares el año pasado. Ante el aumento del descontento, candidatos a gobernador en estados como Texas, Ohio y Michigan prometen eliminar exenciones fiscales o suspender el desarrollo de nuevos centros de datos.
Sin embargo, esto plantea un problema adicional, especialmente en los estados que no aplican impuestos sobre la renta ni cuentan con otros mecanismos para financiar servicios esenciales. “Si se reducen los impuestos a la propiedad, se limita la capacidad de financiar la educación de los hijos”, señala Jeremy Ney, profesor de la Universidad de Columbia.
Hace dos años, la preocupación por el creciente costo de vida diaria impulsó la victoria de Trump y el Partido Republicano. No obstante, el mes pasado la inflación alcanzó el 3.7 por ciento y la confianza del consumidor se sitúa cerca de sus niveles más bajos registrados. Cuando incluso muchos de los beneficiados por la economía fragmentada de Estados Unidos se sienten bajo la presión, es probable que los votantes una vez más busquen un cambio.