El capital privado se convirtió en un importante objetivo en la campaña para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ya que los candidatos señalan a los grandes inversionistas como responsables del vertiginoso aumento de los costos de la vivienda.
Un análisis de Financial Times sobre el discurso de campaña en contiendas legislativas reñidas durante la última década reveló que los comentarios negativos sobre el capital privado y los grandes propietarios corporativos aumentaron en 2026, al vincular con frecuencia sus inversiones con el alza de los precios. En ciclos electorales anteriores, Wall Street y el sector bancario eran los señalados por encarecer el costo de la vida.
Chris Pappas, miembro demócrata moderado de la Cámara de Representantes que ganó las primarias abiertas para el Senado en New Hampshire en septiembre, es uno de los candidatos que aboga por establecer mayores controles sobre dónde y cómo puede invertirse el capital privado.
“La gente está atando cabos entre los cambios de propiedad y consecuencias como el aumento de los alquileres, la reducción del mantenimiento y las dificultades para vender las casas”, dijo.
Esta semana, las tasas de interés de las hipotecas a 30 años en EU superaron 7 por ciento por primera vez en casi dos años. La asequibilidad de la vivienda es un tema central en las elecciones de noviembre, y muchos votantes culpan a la inversión institucional de la escalada de precios.
Más de dos docenas de candidatos en contiendas reñidas para la Cámara y el Senado se comprometieron a restringir las compras o la propiedad por parte de firmas de capital privado, fondos de cobertura y otros inversionistas institucionales; una cifra que duplica la que se llegó a registrar en cualquier ciclo anterior.
Residentes de parques de casas móviles explicaron a Pappas que el aumento de los alquileres y los nuevos requisitos de ingresos, impuestos después de la adquisición de sus complejos en New Hampshire por parte de Sado Capital, una firma de inversión inmobiliaria especializada con sede en Michigan, volvían difícil su permanencia en el lugar e incluso la venta de sus viviendas.
“El valor de sus casas, que representan los ahorros de toda su vida, se ha erosionado, y tienen que pagar cada vez más dinero al mes sólo para seguir viviendo en su comunidad”, dijo.
Pappas declaró que los responsables de las políticas deben abordar la “influencia del capital privado corporativo”, que hace que la vivienda sea menos asequible. Respaldó una legislación que tiene como objetivo incentivar a los propietarios de parques de casas prefabricadas para que vendan a los residentes o a organizaciones sin fines de lucro, en lugar de a propietarios del sector privado.
La incursión de los inversionistas institucionales en el mercado de viviendas para personas de bajos y medianos ingresos le dieron mayor visibilidad al sector y llevó a muchas familias a responsabilizar a las firmas de capital privado de la escasez de viviendas asequibles.
En busca de más ingresos
Poco después de que Havenpark Capital, una firma de inversión inmobiliaria con sede en Utah, adquiriera Golfview, el parque de casas prefabricadas donde residía Candi Evans en North Liberty, Iowa, esta mujer de 71 años recibió una notificación en la que se le informó que el alquiler del terreno que ocupaba su vivienda, que era de 285 dólares, aumentaría 140 dólares al mes.
“Yo era propietaria de la casa; lo único que alquilaba era el terreno sobre el que se asentaba”, dijo Evans, quien responsabiliza del incremento al modelo de negocio de Havenpark, que consiste en adquirir comunidades de casas prefabricadas utilizando capital de inversionistas externos con el objetivo de maximizar los ingresos. “Para cumplir con esas proyecciones, tienen que subir los alquileres”, dijo.
En Iowa —donde se libra una de las 12 contiendas electorales más reñidas para el Senado— la candidata republicana Ashley Hinson reconoció que las familias tienen dificultades para encontrar viviendas asequibles y señaló que “la irrupción de enormes inversionistas institucionales aumenta esa frustración”.
Su rival demócrata, Josh Turek, se comprometió a prohibir que las firmas de capital privado compren viviendas unifamiliares y tierras agrícolas, así como a tomar medidas contra la adquisición por parte de estas firmas de centros de atención a personas mayores y de salud.
Adam Hamilton, candidato demócrata al Senado en una contienda de mitad de mandato cada vez más reñida en Kansas, hizo un llamado a una investigación sobre la “consolidación del capital privado en sectores esenciales, como la atención de salud, la vivienda y la alimentación”.
“A medida que el sector crece, también lo hace su perfil público”, dijo Will Dunham, director ejecutivo del American Investment Council, la principal asociación empresarial del sector en EU.
Añadió que el sector es “muy conocido, pero no se comprende bien”, y señaló que “equiparar el capital privado con toda la economía con fines de lucro podría explicar en parte el aumento” de la atención política negativa.
Freno presidencial
El escrutinio público ya se tradujo en políticas federales. En enero, el presidente de EU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que instruía a las agencias federales a limitar las grandes inversiones institucionales en viviendas unifamiliares, así como a revisar sus adquisiciones en busca de posibles infracciones de las leyes antimonopolio y a preparar legislación para formalizar esta política.
En julio se promulgó la ley “Renewing Opportunity in the American Dream” o (Road) to Housing Act”, que prohíbe a los inversionistas que ya poseen más de 350 viviendas unifamiliares adquirir más, aunque se contemplan excepciones para algunos proyectos de construcción y se excluyen las casas prefabricadas.
Sin embargo, las nuevas restricciones se centran en los grandes inversionistas institucionales, mientras que algunas de las empresas que generan quejas entre los residentes son inversionistas inmobiliarios más especializados. Sado y Havenpark, por ejemplo, quedan fuera de su alcance.
La National Apartment Association, que representa a propietarios y administradores de viviendas de alquiler, es consciente de que “una parte creciente del espectro político” centra su atención en la inversión privada, señaló Greg Brown, vicepresidente sénior de asuntos gubernamentales del grupo.
Pero “si realmente queremos...garantizar que haya suficiente vivienda en todos los rangos de precios para satisfacer las necesidades de los estadunidenses en todas partes, es necesario contar con inversionistas institucionales para lograrlo”, añadió.
Incluso Evans admite que no toda la inversión es negativa. El parque de casas móviles donde vive lo acabó comprando un padre y su hijo, quienes instalaron alumbrado público y acordaron contratos de alquiler renovables automáticamente que incluían protecciones contra el desahucio.
“Es posible hacer esto y, al mismo tiempo, ganar dinero y tratar a la gente con dignidad”, dijo.