La industria de parques eólicos en México perdió en los últimos dos años 4 mil 500 empleos directos, producto de la incertidumbre que generó la reforma energética en materia de electricidad propuesta por el gobierno federal, causando el paro de proyectos de construcción y el cierre de operaciones de plantas de manufactura.
Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), destacó que por el momento hay más de 9 mil megawatts de capacidad, incluido Tamaulipas junto con Oaxaca como los principales generadores esta energía renovable, con planes detenidos ante la posibilidad de cambiarse algunas disposiciones en la Ley aprobada en el 2014.
“En cuanto a los empleos, al perder esa dinámica en generar nuevos proyectos perdimos fuentes de trabajo, tan solo en el 2020 y en el 2021 hay 4 mil 500 trabajadores fuera del sector eólico, considerados puestos directos. Anteriormente, en la construcción de parques se contaba con una generación de 2 mil puestos estables”, expuso.
Certidumbre jurídica, pendiente
Para el representante de las empresas nacionales y extranjeras establecidas en México, cuya producción actual llega a los 7 mil megawatts, de los cuales el 60 por ciento está en los dos estados antes mencionados, la única manera de reactivar la industria está en la certidumbre jurídica de las autoridades.
“En la manufactura se van disminuyendo capacidades. Vimos cerrar una planta de construcción de torres de acero, aunque contamos con otras capacidades que se pueden reactivar muy rápido y conservar esta proporción de 16 mil empleos en esta industria consolidados, la mitad de ellos en la manufactura”, acotó.
Con el debate sobre la iniciativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer cambios en materia de energía eléctrica, señalado por la Amdee como una desventaja, Rodríguez Olivé espera primero cómo aterrizará estas modificaciones para volver a construir y producir.
“México en el momento que tenga una política clara y se den los permisos para hacer proyectos, tiene definido cómo desarrollar los 9 mil megawatts de capacidad, mismos que ya están garantizado pero necesitamos la certidumbre jurídica, un respeto a los contratos y proyectos que ya existen para que se puedan hacer otros”, concluyó.