Un coro de voces de emprendedores que han intentado abrir un micronegocio se escucha por todas las regiones del país. Aunque en diversos tonos, decenas de comerciantes de 15 municipios del país coinciden en que abrir y operar un changarro no es como lo pintan. Al menos no como lo prometen los gobiernos federal y locales.
Una investigación y una encuesta realizadas por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas revela que los obstáculos aparecen en forma de ventanillas burocráticas atendidas por funcionarios incapaces o deshonestos, trámites caros y complejos, herramientas digitales y sitios web con escasa funcionalidad de navegación, tardanza en la expedición de licencias y, por supuesto, condiciones de inseguridad que propician que haya que “capotear” o tolerar a delincuentes que roban, extorsionan o cobran derecho de piso.
En la búsqueda de recursos económicos para afrontar la crisis derivada de la pandemia, miles de ciudadanos se animaron a abrir misceláneas, estéticas, farmacias de barrio, papelerías, tiendas de artículos diversos, es decir, negocios cuyo giro comercial es conocido como de “bajo impacto” para la salud o la seguridad de la comunidad. Hoy suman en el país más de 2 millones de micro y pequeños negocios con ese giro, y son ellos los que enfrentan barreras que nacen en los ayuntamientos, sí, pero también existen otras que forman parte de un enrarecido ambiente que envuelve a sus estados o regiones.
Lo anterior se conoció por medio de entrevistas directas de reporteros que indagaron las condiciones para abrir micronegocios en Centro (Tabasco), Chihuahua (Chihuahua), Cuauhtémoc (Ciudad de México), Guadalajara (Jalisco), Matamoros (Tamaulipas), Mérida (Yucatán), Monterrey (Nuevo León), Puebla (Puebla), Querétaro (Querétaro), Solidaridad (Quintana Roo), Tijuana (Baja California), Tlalnepantla (Estado de México), Torreón (Coahuila), Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) y Zacatecas (Zacatecas).
Complicaciones al nacer
La investigación reveló que abrir un 'negocito' puede ser toda una aventura, sobre todo en los municipios donde no están desarrolladas o de plano no existen herramientas digitales que guíen paso a paso y con claridad a quienes quieren emprender, lo cual los obliga a acudir a las oficinas gubernamentales a realizar trámites presenciales en vez de hacerlos en línea y así evitar posibles corruptelas.
Y si bien existe el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), promovido a escala federal desde 2002 por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mediante el cual se supone que un negocio de bajo impacto puede ser echado a andar en un máximo tres días, este sistema suele ser poco difundido a nivel local y, por tanto, escasamente utilizado por la ciudadanía. De hecho, apenas 6.9 por ciento de todas las empresas del país conoce lo que es el SARE y, en el caso de las microempresas, sólo 4.4 por ciento lo identifica o lo ha usado, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental (Encrige 2020), del Inegi.
En teoría, a través del SARE es posible abrir un changarro en 72 horas, pero en la práctica puede extenderse a semanas y hasta meses, porque aun en caso de usar el SARE y que este funcione como promete, antes hay que recolectar una serie de documentos físicos y normativas que vuelven largo el proceso.
Son varios los casos donde el problema de abrir un negocito requiere soluciones profundas, como en Puebla. Ahí el SARE empezó a operar hace 20 años, pero según la encuesta realizada por Ethos, en este municipio 23.3 por ciento de los consultados tardaron más de un mes en cumplir con todos sus trámites antes de obtener su licencia de funcionamiento. Como le sucedió a Berenice, una joven que emprendió en 2019 una purificadora en el poblano Valle del Rey. “Fue horrible, de verdad iba diario con mi documentación, pero cada día los encargados me cambiaban la jugada y encontraban nuevos errores. Los trámites nunca quedan a la primera porque te van dando las indicaciones poco a poco, ya hasta los trabajadores me conocían por tantas vueltas que me hicieron dar”, recuerda esta empresaria al describir el calvario que duró dos meses.
Hay otros municipios donde aún no se ha implementado el SARE, y en su lugar hay portales poco amigables que vagamente señalan cómo cumplir con algunos requisitos. Así sucede en Centro, Tabasco, donde hasta hace poco las autoridades reconocen que se tenían que realizar cerca de 180 trámites de forma presencial en las oficinas municipales; ahí 13.4 por ciento de los empresarios encuestados revelaban que si bien les va, tardan más de un mes en los trámites de apertura. Hay personas que, desesperadas por abrir sus negocios, personalmente van por los inspectores y los llevan a su negocio para destrabar el proceso.
Este calvario no es privativo de ciudades en el sureste. “Un micro y pequeño empresario puede extenderse hasta seis meses desde que hace sus primeros movimientos hasta que ve su sueño hecho realidad”, confirma el presidente de la Canaco de Chihuahua, Edibray Gómez, y en ello coincide con el director de la Cámara de Comercios en Pequeño, Servicios y Turismo, José Guerrero, quien revela que “hasta para abrir unos abarrotes es complicado, las autoridades aseguran que dan muchas facilidades, pero en lugar de sugerirte cómo hacer las cosas y llenar los papeles, te dicen ‘ya te equivocaste’, ‘aquí no debía escribirse’ y ‘ahí te va tanto de multa’”.
En la fronteriza Matamoros, en Tamaulipas, las autoridades de la Secretaría de Fomento Económico aseguran que el plazo para empezar los trámites y abrir un negocio no excede los dos meses –un plazo que de por sí se antoja excesivo–, pero según testimonios recabados, en realidad lograrlo puede llevar hasta medio año, lo cual puede orillar al ciudadano a optar por incorporarse a la economía informal.
Porque para estos microempresarios el tiempo es clave, cada día que pasa es uno que deja de ganar el sustento. Y la odisea para atender al primer cliente puede requerir de eso: mucho tiempo, dinero y esfuerzo.
Por eso fue valioso comprobar que hay municipios con iniciativas que pretenden modernizar sus plataformas digitales de servicio a los empresarios y son consideradas ejemplos de buenas prácticas en este sentido. Ahí figuran municipios como Tijuana, Baja California, en donde el ayuntamiento permite abrir un negocio de bajo impacto de forma instantánea y le otorga al propietario un plazo de tres meses para poner en regla toda la normativa. O como Mérida, ciudad que impulsó una “ventanilla digital de inversiones”, única en su tipo en México, y que permite iniciar operaciones empresariales y ha sido reconocida por la OCDE.
Coyotes entre nosotros
Quienes se aprovechan por un lado de los vicios o demoras de los burócratas y, por otro, del desconocimiento de los ciudadanos sobre los requisitos básicos para echar a andar el negocio, son los intermediarios o coyotes.
Estos pueden ser informales –y casi ilegales– como se comprobó en la alcaldía capitalina Cuauhtémoc, donde personajes como Lorenzo, quien dijo ser “funcionario en la alcaldía” y tener contacto con otros funcionarios de la misma, recibe las rentas de comerciantes de un pequeño mercado con locales de celulares, tatuajes, barbería, cuidado de las uñas, pizzas, etcétera; en caso de llegar un inspector, Lorenzo habla con sus palancas dentro de la alcaldía para arreglar la situación.
También hay gestores bien acreditados y formales, como ocurre en la misma Cuauhtémoc o en la ciudad de Querétaro, donde con todo y su empeño por digitalizar el gobierno, los pequeños empresarios no se libran de la necesidad de intermediarios. Como lo refiere Armando 'N', quien al ver su negocio cerrado luego de una inspección, alguien le recomendó recurrir a un gestor bien conocido en la zona del Bajío. Éste le pidió a Armando varios papeles, y en menos de una semana pero con un pago 10 veces superior al precio de la licencia, las cortinas de la tienda se volvieron a abrir.
Nadie dijo que los servicios de la gestoría fueran modestos, pero agilizar trámites y reparar sanciones que en condiciones normales tardarían semanas o hasta meses en solventarse, tiene su precio. La encuesta realizada por Ethos en los 15 municipios reveló que 43.3 por ciento de los empresarios consultados consideró que los coyotes son necesarios para la realización de trámites, lo que habla del largo camino que aún hay que recorrer para alcanzar una ágil y eficiente administración de las necesidades y obligaciones ciudadanas.
El lado más oscuro
Y si abrir el negocito es un reto que implica tesón y paciencia, evitar sufrir el acoso de los ladrones ocasionales y, mucho peor, sortear las amenazas de bandas criminales se torna en una verdadera odisea.
En Zacatecas, por ejemplo, las quejas no sólo son porque expedir una licencia de funcionamiento –que cuesta mil 800 pesos– se cobra por igual a una modesta abarrotera que a las grandes tiendas, sino que además están bajo acecho constante de la violencia que se ha acentuado en la capital y el resto del estado.
“También hemos pensado en cerrar pero aquí seguimos hasta donde se pueda”, admite en entrevista Juana María, una preocupada tendera de la localidad.
Otra zona donde los negocios grandes y chicos sufren es la Riviera Maya. En el municipio de Solidaridad la extorsión se ha hecho cotidiana, y los testimonios son impactantes. Como un restaurantero, Omar 'S', quien ha sufrido tres intentos de extorsión. En todos denunció pero no ante la policía: fue con la Marina.
“La única forma de frenar a los criminales es denunciarlos, si les pagamos los hacemos más fuertes. Tengo amigos a los que llegaron a pedirles hasta 120 mil para dejarlos abrir, más 17 mil mensuales para la maña [como se les llama a grupos delictivos] y 10 mil mensuales para los inspectores de gobierno”.
Porque además, en esta franja turística quintanarroense, la extorsión oficial de los inspectores municipales también se ha normalizado, pues según las cámaras locales, a los empresarios registrados en el municipio de Solidaridad , dependiendo de su nivel, se les cobra entre mil o 2 mil pesos a los más pequeños, hasta 50 mil o 100 mil pesos a los más desarrollados.
En Monterrey los nuevos empresarios tampoco la tienen fácil. La creciente ola de inseguridad generada por bandas criminales que se especializan en el cobro de derecho de piso amenaza incluso a los empresarios más novatos, los que abrieron durante la pandemia. Para don Luis y su esposa María, dueños de una tienda de comestibles, ese impuesto criminal puede llegar a representar hasta 50 por ciento de sus ingresos mensuales. Otro comerciante, el señor Patricio, refiere que “han estado preguntando a los vecinos de los locales, y a los tacos de al lado sobre quién es el dueño de mi negocio… no han llegado aquí todavía”, dice preocupado.
Así, entre morosidad institucional, herramientas digitales que no acaban de madurar, coyotes y criminales, los micro y pequeños nuevos negocios luchan por sobrevivir y seguir siendo la válvula de escape para más de dos millones de familias en este país.
Este reportaje forma parte de la serie “La odisea de abrir un micronegocio en México”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Dalia Toledo, Luis Ángel Martínez y Héctor Tirado, así como el apoyo de Silvia Márquez y Maura Arzate.
Corresponsales: Sergio Blanco Covarrubias (Guadalajara, Jal), Martina María de los Ángeles (Tuxtla Gutiérrez, Chi), María de Lourdes Cruz Sosa (Solidaridad Q.R.), Francisco Javier Rodríguez Lozano (Torreón, Coah), Ana Gabriela García Muñoz (Puebla), Patricia Yolanda López Núñez (Querétaro), Gerardo Romo Arias (Zacatecas), Alexis Daniel Pérez Cerino (Centro, Tabasco), Daniela Alejandra García Gracia (Monterrey NL), María Concepción Peralta Silverio (Cuauhtémoc y Tlalnepantla), Rosa María Pereda Rangel (Matamoros, Tams), Alejandro Aldán Vázquez (Tijuana), Elizabeth Pérez Ongay (Mérida, Yuc), Manuel Escogido Zubiate (Chihuahua). Jefe de información: José Ramón Huerta González.
ledz